Según un comunicado difundido este sábado por el colectivo, el nuevo decreto que amplía de dos a cuatro años el plazo para que los empleados públicos estabilizados acrediten su nivel de catalán supone una "renuncia" por parte de Vox a lo pactado tras las elecciones de 2023, cuando ambas formaciones prometieron cambios normativos.
El Govern ha justificado la medida, pactada con Vox, en una "cuestión de pragmatismo", según el portavoz autonómico, Antoni Costa, que señaló que su aplicación evita el despido de trabajadores de servicios públicos esenciales, como las fundaciones Para la Atención a la Dependencia y Banco de Sangre y Tejidos.
RECHAZAN EL CATALÁN COMO REQUISITO
Avanza en Libertad, por su parte, sostiene que el conocimiento del catalán no debe ser un requisito obligatorio y ha reclamado que, si se ha de valorar, se haga solo como mérito. También ha criticado lo que considera una falta de voluntad política para revertir las políticas lingüísticas previas.
El decreto ley, aprobado este viernes, incluye además la exención del catalán para los celadores y recoge otras medidas relacionadas con capitalidad de Palma e Ibiza, la Reserva de la Biosfera de Menorca y el transporte de residuos de Formentera a Ibiza.
