El PP lleva al Parlament su rechazo a la regularización de migrantes y pide al Gobierno agilizar las expulsiones. La iniciativa, que será debatida en un pleno de la Cámara autonómica, tratará de constatar que esta regularización "masiva e indiscriminada", que en Baleares podría alcanzar a unas 10.800 personas, contribuirá al "efecto llamada", alentará "a las mafias que se lucran con la desesperación" y que tendrá efectos sobre la "capacidad real de integración" o el acceso a la vivienda.
Los 'populares', según consta en el documento, también buscarán constatar la "grave irresponsabilidad" que la medida representa "para la seguridad de todos" al "sustituir la exigencia de un certificado de carencia de antecedentes penales y policiales por una declaración responsable".
Por todo ello, el PP tratará de lograr los apoyos suficientes para instar al Gobierno a renunciar a la regularización extraordinaria y a proporcionar los medios humanos y materiales necesarios a los servicios de Extranjería, hoy en una situación de "colapso", para facilitar la regularización por las vías ordinarias.
También reclamarán al Ejecutivo central que adopte un "cambio drástico" en su política migratoria y se alinee con el Pacto Europeo sobre Migración de Asilo para reforzar el control de las fronteras, endurecer los requisitos de llegada y acogida y agilizar las expulsiones de acuerdo con las leyes de extranjería.
IGNORA LA SITUACIÓN DE BALEARES
El portavoz del PP en el Parlament, Sebastià Sagreras, ha defendido que esta medida "ignora deliberadamente la situación límite que atraviesa Baleares, con unos servicios públicos tensionados, un crecimiento demográfico insostenible y una presión migratoria que no deja de aumenta".
Sagreras, según ha informado el partido en un comunicado, también ha considerado que "premiar la entrada irregular" en el país "no es una política humanitaria" sino "una irresponsabilidad que alimenta el efecto llamada y fortalece a las mafias".
"No se puede trasladar el mensaje de que quien incumple las normas obtiene ventajas frente a quien espera y cumple la ley. Eso rompe la cohesión social y cronifica la precariedad", ha sostenido.
Además, el 'popular' ha considerado que la regularización "va en dirección contraria" al Pacto Europeo sobre Migración y Asilo. "Mientras Europa endurece controles, refuerza las devoluciones y apuesta por una inmigración basada en la exigencia y el mérito, España lanza un mensaje completamente opuesto que nos aísla y tiene consecuencias para todo el espacio Schengen", ha subrayado.
IMPUGNACIÓN DEL REAL DECRETO
El Govern ha insistido este viernes en su postura contraria a la regularización extraordinaria de inmigrantes porque supone "regalar la residencia" a miles de personas sin voluntad de integración, por desconocer el catalán y no respetar los valores y la identidad de la población de las islas.
El portavoz del Govern, Antoni Costa, ha admitido que la competencia de Extranjería es del Gobierno de PSOE y Sumar, pero ha asegurado que "si el decreto no cumple alguno de los apartados de la ley, lo encontraremos y recurriremos", ha enfatizado.
Para Costa, regularizar la situación de inmigrantes irregulares "perjudica a los ciudadanos ya residentes", que es a quienes el Govern tiene "el mandato" de defender, y genera un "efecto llamada" que "da oxígeno a las mafias que trafican con personas".
