La regularización extraordinaria de personas extranjeras aprobada por el Consejo de Ministros, que en Baleares supondría otorgar permiso de trabajo y residencia a unos 10.800 extranjeros en situación irregular en España, según estimaciones de la Delegación del Gobierno, ha provocado un fuerte cruce de reacciones políticas y sociales, con el rechazo frontal de PP y Vox y el respaldo explícito de las fuerzas de izquierdas, además de entidades sociales, incluída la Iglesia Católica.
El Govern balear ha calificado la medida de “masiva e indiscriminada”. El director general de Inmigración y Cooperación, Manuel Pavón, ha advertido de que “tener papeles no garantiza la integración” y ha denunciado que la decisión se ha adoptado “sin diálogo ni coordinación con las comunidades autónomas”, trasladando la presión “administrativa, económica y social” a los territorios .
🗣️ «No tot val sota l’empara dels drets humans. També ens preocupen la llibertat i la seguretat dels nostres ciutadans».
Aquestes són les declaracions del director general d’Immigració i Cooperació Local, @ManuPavonIB, que expliquen la posició del @goib davant la regularització… pic.twitter.com/fXhFjF40qc
— Conselleria Presidència, Coordinació i Cooperació (@PresidenciaGOIB) January 27, 2026
La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha alertado del “efecto llamada” y ha insistido en que Baleares “ya está al límite”, especialmente en vivienda, sanidad y educación. “La inmigración debe ser legal, ordenada y sostenible, no una regularización por decreto”, ha señalado.
Con las Illes Balears pasando por su peor crisis migratoria tras la llegada de más de 20.000 immigrantes ilegales en los últimos cinco años y con el reto de un crecimiento poblacional que es insostenible, Sánchez pacta una regularización masiva que contribuye a un nuevo efecto… pic.twitter.com/FIErA9FBxq
— Marga Prohens (@MargaProhens) January 27, 2026
PSOE
Frente a esta posición, el PSIB-PSOE ha defendido la regularización de cerca de 500.000 personas migrantes. La diputada socialista Pilar Costa ha preguntado a Prohens si prefiere que estas personas “sigan sin derechos, explotadas laboralmente o en la economía sumergida”. Ha negado el efecto llamada y ha acusado al PP de “cambiar de posición por competir con Vox”.
🗞️ El PSIB-PSOE celebra una regularització de persones migrants a Espanya que el PP ja va votar a favor fa un any
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— PSIB-PSOE (@psibpsoe) January 27, 2026
VOX
Aunque no ha habido un posicionamiento específico por parte de Vox Baleares, la dirección nacional se manifestó radicalmente contraria a la medida aprobada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez. El presidente de Vox en Baleares y presidente del Parlament, Gabriel Le Senne, criticó la iniciativa en la red social X.
Más de medio millón de inmigrantes al año… No hay suficientes viviendas, ni médicos, policías, autobuses, ni nada. Y nos llaman xenófobos por denunciarlo. Quienes siempre han mirado mal a los de la península que vienen a Baleares, ahora quieren africanos sin límite. En África… https://t.co/a9X7CZmec8
— Gabriel Le Senne (@glesenne) January 26, 2026
MÉS PER MALLORCA
En la misma línea, Més per Mallorca ha respaldado una medida que considera “necesaria, justa e imprescindible”. “Ninguna persona es ilegal”, sostiene la formación. El diputado de Sumar Més en el Congreso, Vicenç Vidal, afirma que la regularización “normaliza lo que ya existe” y combate “la explotación y la precariedad”, recordando que “la irregularidad alimenta la economía sumergida”.
PODEMOS
Podemos, formación impulsora de la medida y que tras meses de negociación, logró un acuerdo con el Gobierno de PSOE y Sumar, ha elevado el tono. Su coordinadora autonómica, Lucía Muñoz, ha acusado a Prohens de actuar desde un “prejuicio racista”. “Decir ‘aquí no cabe todo el mundo’ mientras Baleares recibe más de 20 millones de turistas al año es profundamente revelador”, ha afirmado. “Si molesta más un trabajador migrante que el turismo masivo, el problema no es la capacidad del territorio, es el racismo”.
COALICIÓ PER MALLORCA
Desde una posición crítica, Coalición por Mallorca ha rechazado la regularización y ha alertado de un “colapso social”. Su portavoz, Joan Serra, considera que la medida es “improvisada e injusta” y que agravará la crisis de vivienda y la saturación de los servicios públicos. “Se confunde humanidad con improvisación”, advierte la formación.
CONFERENCIA EPISCOPAL
En el ámbito social, la Conferencia Episcopal Española ha aplaudido la iniciativa. El obispo Fernando García Cariñanos ha celebrado “el inicio de un proceso de regularización extraordinaria” que “pone luz y esperanza a miles de personas en situación de vulnerabilidad”. A su juicio, se trata de “un acto de justicia social” que debe facilitar “una integración real en la sociedad”.
.@MonsArguello sobre la regularización extraordinaria de personas migrantes. pic.twitter.com/7KI3s9vGcX
— Of. Información CEE (@prensaCEE) January 27, 2026
