El decreto agrupaba la actualización de las pensiones, la prórroga del denominado escudo social, diversas medidas fiscales y de Seguridad Social, así como ayudas a colectivos afectados por la DANA y otros fenómenos meteorológicos adversos. En una situación similar registrada en 2025, el Ejecutivo optó entonces por separar las materias del texto y sacar adelante de forma independiente la revalorización de las pensiones.
El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha sido el encargado de defender el decreto durante el debate parlamentario. En su intervención, ha solicitado el respaldo de los grupos a la norma y ha enumerado las principales medidas incluidas, entre ellas la subida de las pensiones, la garantía de suministros básicos a personas vulnerables, la suspensión de desahucios sin alternativa habitacional y las ayudas a los afectados por catástrofes naturales.
Los grupos que han votado en contra coinciden en criticar la estructura del decreto. La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, ha afirmado que su grupo apoya la revalorización de las pensiones, pero rechaza que esta se tramite junto a medidas relacionadas con la ocupación de viviendas. Nogueras ha reclamado la tramitación de la ley antiocupación promovida por su formación y ha señalado que Junts apoyaría la subida de las pensiones si se presenta de forma separada.
En términos similares se ha expresado el portavoz económico del Grupo Popular, Juan Bravo, quien ha defendido que su formación respalda la actualización de las pensiones, pero rechaza la inclusión en el decreto de la prórroga de las medidas antidesahucios y de garantía de suministros, acordadas con Bildu. Bravo ha insistido al Gobierno a apoyar la proposición de ley presentada por el PP sobre revalorización de las pensiones.
Dejen de jugar con los okupas y los pensionistas.
Si quieren revalorizar las pensiones, tráiganlo por separado.
Si quieren proteger a los okupas, para eso tienen sus socios.
🗣️ @juanBravoBaena pic.twitter.com/0sTQZt7ccN
— Partido Popular (@ppopular) January 27, 2026
SUBIDA DEL 2,7 POR CIENTO DE PENSIONES
El texto rechazado establecía una subida general del 2,7% para las pensiones contributivas de la Seguridad Social y de Clases Pasivas en 2026, conforme al IPC medio. Esta actualización suponía un incremento aproximado de entre 500 y 570 euros anuales para las pensiones medias. Las pensiones mínimas aumentarían más del 7%, con incrementos de hasta el 11,4% en algunos casos, como las pensiones con cónyuge a cargo o las de viudedad con cargas familiares. Las pensiones no contributivas y el Ingreso Mínimo Vital también se revalorizarían un 11,4%, al igual que el complemento para la reducción de la brecha de género.
El decreto incluía además la prórroga durante 2026 de la suspensión de desahucios y lanzamientos para familias vulnerables sin alternativa habitacional, así como la continuidad de la garantía de suministro de electricidad, gas y agua para consumidores vulnerables. También se mantenían los descuentos del bono social eléctrico, fijados en el 42,5% para consumidores vulnerables y en el 57,5% para vulnerables severos.
Entre otras medidas, la norma contemplaba incentivos fiscales y prórrogas vinculadas a la reconstrucción de los municipios afectados por la DANA, la exención de presentar la declaración del IRPF para los beneficiarios de prestaciones por desempleo, la prórroga de los regímenes fiscales de estimación objetiva para autónomos y del régimen especial agrario, así como la actualización de las bases de cotización. Asimismo, se incluían disposiciones para anticipar la jubilación de agentes medioambientales y bomberos forestales y para ampliar la compatibilidad entre pensión y trabajo de determinados profesionales sanitarios.
CONVALIDADAS LAS AYUDAS AL TRANSPORTE
En la misma sesión plenaria se debatió un segundo real decreto-ley relativo a las ayudas al transporte público. Este texto, que prorroga para 2026 las bonificaciones en los títulos de transporte estatales, autonómicos y locales y crea un abono único nacional para determinados servicios ferroviarios y de autobús, sí fue convalidado.
La norma salió adelante con la abstención del PP, el voto en contra de Vox y el apoyo del resto de grupos parlamentarios, y continuará ahora su tramitación como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia.
