Esta cifra, según ha explicado el delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez, son los expedientes que a día de hoy hay abiertos en Extranjería por razones de arraigo sociolaboral y que requieren dos años de permanencia. Al margen de estas personas se situarían quienes se acogen a la protección internacional.
"Habrá que ver el alcance real y eso nos lo irán dando los datos. A finales de junio tendremos la totalidad de las demandas que ha habido", ha apuntado Rodríguez en una rueda de prensa en la que ha defendido el procedimiento como "bueno para toda la sociedad" porque beneficia a los trabajadores, las empresas y lucha contra la economía sumergida.
"BENEFICIA A TRABAJADORES Y EMPRESAS"
"Beneficia a los trabajadores, que ganan en derechos y obligaciones. Beneficia a las empresas, que ganan en seguridad jurídica. Y sirve en la lucha contra la economía sumergida", ha argumentado.
Rodríguez, por otra parte, ha calificado la medida del Gobierno central como valiente, y ha subrayado el impacto que podrá tener en sectores con importantes nichos de empleo en la economía balear como los cuidados, la hostelería o el sector primario.
El representante del Ejecutivo central en el archipiélago, por otra parte, ha rechazado que la medida, en contra de lo defendido por el Govern, vaya a suponer un efecto llamada y ha acusado a la presidenta del Ejecutivo autonómico, Marga Prohens, de mantener un discurso contradictorio.
MENSAJE A PROHENS: "NO ES UN EFECTO LLAMADA"
"No es un efecto llamada, es una respuesta a personas que ya están aquí. No llamas a nadie. Vincularlo a un supuesto efecto llamada es desenfocar el tema y no atender a la realidad", ha indicado. En este sentido, el representante de Gobierno en las Islas ha recordado que el proceso deriva de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que fue admitida a trámite sólo con el voto en contra de Vox.
Finalmente, Alfonso Rodríguez ha recordado que el año pasado se cerró con algo más de 100.000 personas extranjeras afiliadas a la Seguridad Social, de los cuales más de 60.000 son no comunitarios.
