La regularización extraordinaria de inmigrantes en Baleares, que podría beneficiar a 10.800 personas, genera opiniones diversas; apoyada por entidades sociales y empresariales, es criticada por el SUP por su falta de recursos y posibles riesgos a la seguridad.
La regularización de unos 10.800 extranjeros en Baleares ha generado controversia. PP y Vox se oponen, alegando efectos negativos en vivienda y servicios, mientras PSOE, Podemos y Més defienden la medida como necesaria para derechos y lucha contra la explotación. La Iglesia también la apoya.
Alrededor de 10.800 personas podrían, de momento, acogerse en Baleares al proceso de regularización extraordinaria aprobado este martes por el Consejo de Ministros.
El Gobierno de España y Podemos han acordado una regularización extraordinaria de inmigrantes irregulares que podría beneficiar a entre 500.000 y 840.000 inmigrantes. La medida se tramitará por real decreto tras meses de negociaciones.
El obispo de Mallorca, Sebastià Taltavull, criticó el turismo mientras la Diócesis gestiona un establecimiento turístico sin licencia. Su demagogia ha generado malestar, pues el turismo sustenta la economía local.
Un total de 79 migrantes subsaharianos fueron rescatados en tres pateras cerca de Cabrera. Desde el miércoles, han llegado 244 personas al archipiélago, lo que indica un repunte en las llegadas. Los rescatados recibieron atención y fueron trasladados a dependencias policiales.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, defendió este jueves un modelo migratorio “abierto y humano” frente a quienes apuestan por “cerrar fronteras” y aseguró que “los datos invitan al optimismo” en relación con la inmigración irregular, gracias —dijo— a las políticas impulsadas por el Ejecutivo.
El director general de Inmigración, Manuel Pavón, ha vuelto a exigir al Gobierno central que adopte medidas ante lo que ha calificado una nueva oleada de inmigración irregular en pateras: «Desgraciadamente comenzamos 2026 como terminamos 2025».
El texto aborda la confusión entre ‘inmigración’ y ‘emigración’, explicando que la ‘inmigración ilegal’ es evitada en el discurso político, aunque refleja problemas de seguridad y la crisis provocada por el tráfico de personas, cuestionando la gestión del gobierno español.
El Govern tiene en marcha desde marzo de este año un estudio sobre violencia sexual, con especial atención a las violaciones en manada, que recoge datos como la edad, la nacionalidad, el lugar de residencia, la situación administrativa, la situación laboral, los ingresos, los antecedentes o las relaciones previas con
Vox ha pedido al Govern balear y al Ejecutivo central que prioricen la atención médica a los nacionales y residentes legales, alegando que la inmigración irregular ejerce una fuerte presión sobre los servicios públicos y la economía de Baleares.
Las ONG Irídia y Novact denuncian “vulneraciones de derechos” y condiciones inadecuadas para migrantes en Baleares. Su informe critica el trato en el CATE de Son Tous y la falta de asistencia humanitaria, resaltando las deficiencias del sistema de acogida.
