EAPN
EAPN-Illes Balears, Xarxa per la Inclusió Social ha defendido que la regularización puede ser “clave para garantizar derechos, combatir la pobreza y avanzar hacia una sociedad más cohesionada”. En un comunicado, la entidad ha recordado que la irregularidad administrativa es uno de los principales factores de exclusión social, al limitar el acceso al empleo, la vivienda, la sanidad, la educación y los servicios sociales.
EAPN ha subrayado que “no es la migración la que genera pobreza, sino las barreras administrativas, la precariedad laboral y las desigualdades estructurales”, y ha asegurado que la medida permitirá reducir la economía sumergida, mejorar la recaudación fiscal y favorecer la inclusión laboral. La red social ha rechazado además el argumento del Govern balear sobre un supuesto “efecto llamada”, recordando que las personas beneficiarias “ya viven en Baleares” y reclamando recursos suficientes para garantizar el éxito del proceso.
MÉDICOS DEL MUNDO
En una línea similar se ha pronunciado Médicos del Mundo, que ha considerado la regularización una medida “largamente demandada por la sociedad civil” y con un impacto “directo y estructural” en el acceso a derechos fundamentales. La organización ha alertado de que cerca del 60 % de las vulneraciones del derecho a la salud afectan a personas sin autorización de residencia y ha advertido de que, en Baleares, muchas personas migrantes retrasan o evitan acudir al sistema sanitario por miedo o trabas administrativas, lo que “agrava patologías evitables y aumenta el uso de urgencias”.
No obstante, Médicos del Mundo ha expresado su preocupación por el escaso margen temporal del proceso y la saturación de las oficinas de Extranjería, una situación que considera especialmente grave en el archipiélago.
PIMEM
Desde el ámbito empresarial, la Federación de la Pequeña y la Mediana Empresa de Mallorca (Pimem) ha dado su visto bueno a la regularización al considerar que será positiva “desde la perspectiva económica, empresarial y laboral”. La patronal ha señalado que las pymes llevan años sufriendo dificultades estructurales para cubrir puestos de trabajo en sectores clave y ha advertido de que mantener a miles de personas en situación irregular “no beneficia ni a trabajadores, ni a empresas, ni al sistema público”.
Pimem ha defendido una regularización ordenada y vinculada al empleo que permita aflorar la economía sumergida, dar seguridad jurídica a empresas y trabajadores, facilitar la cotización y reducir la competencia desleal.
SUP
En el lado opuesto, el Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha alertado de que la regularización responde a un “cálculo político cortoplacista” y se plantea sin refuerzo de plantillas ni garantías operativas, trasladando toda la carga a una Policía Nacional ya saturada. El sindicato ha advertido de que no se ha explicado quién verificará identidades ni cómo se comprobarán antecedentes y ha subrayado que “no tener antecedentes penales no significa no tener antecedentes policiales”.
El SUP también ha alertado del “efecto llamada directo e inmediato” que, a su juicio, generan este tipo de medidas y ha rechazado las acusaciones de “racismo institucional” contra la Policía. “Sin más agentes, más medios y protocolos claros, esta regularización pone en riesgo la seguridad y vuelve a cargar todo el peso sobre una Policía que ya está al límite”, concluye el sindicato.
