Manuel Pavón: “No soy racista, mi trayectoria en el ámbito social me avala”

¿Por qué aceptó asumir esta responsabilidad?

— Recibí una llamada de Presidencia para reforzar el área de inmigración. No pude decir que no. Con la presidenta Prohens mantengo relación desde hace muchos años, también con otros partidos. Creo en el proyecto que lidera, creo en su equipo y, sobre todo, creo en ella. Ha demostrado que cumple lo que promete: cuando estaba en la oposición se comprometió con policías y guardias civiles a mejorar nuestra situación económica y ya como presidenta aprobó una deducción fiscal de entre 700 y 2.000 euros. No todos los políticos hacen eso.

El dirigente socialista Cosme Bonet le acusó de ser “orgullosamente racista”. ¿Qué responde?

— Es falso. Quien haya escuchado mis declaraciones sabe perfectamente que no soy racista. No me voy a justificar porque no lo merecen, pero mi trayectoria me avala. Se ha manipulado de forma malintencionada una frase, sin tener en cuenta todo mi trabajo en el ámbito social. Nunca he generalizado ni lo haré. Lo grave es que en ese partido hay personas que me conocen y saben cómo soy.

¿Cómo lleva estas acusaciones?

— Lo sorprendente es el nivel político. Si lo único que pueden decir de mí es eso, es que hay nerviosismo con el debate sobre inmigración. En lo personal me da igual, yo sé quién soy. Lo que sí tengo claro es que jamás insultaría a una persona que no conozco ni permitiría que se insultase a alguien cercano.

Usted es subinspector de Policía y ahora dirige Inmigración y Cooperación. ¿Cómo piensa conjugar ambas facetas?

— Es complejo. La inmigración irregular no es competencia autonómica, tampoco la seguridad ciudadana, pero somos responsables de lo que ocurre en las islas. Si el Estado no actúa, nos toca denunciarlo públicamente y exigir medidas. Y si no hay respuesta, iremos subiendo escalones, como dice la presidenta Prohens.

“Si el Estado no actúa frente a la inmigración irregular, nos veremos obligados a denunciarlo públicamente”

¿Qué medidas reclaman al Gobierno central?

— Las mismas que piden los profesionales de los sindicatos policiales, asociaciones de guardias civiles. Todos denuncian el déficit estructural que sufren. No lo decimos nosotros, lo dicen ellos, que son quienes atienden a las personas que llegan en patera.

¿Cuál es su plan de trabajo?

— En tres bloques. Primero, dar voz a quienes gestionan la inmigración irregular, aunque no tengamos competencia directa. Segundo, reforzar la cooperación en países de origen con proyectos que den oportunidades y eviten que la gente arriesgue su vida en el mar. Ya han muerto 40 personas y hay 15 desaparecidos. Y tercero, reforzar el servicio de inmigración en Baleares, muy debilitado desde hace años. Voy a pedir nuevas plazas y reunirme con todas las entidades que trabajan con migrantes para escucharles y definir políticas de integración.

Su nombramiento generó recelos por su perfil policial. ¿Cómo influirá su formación como educador social?

— Estoy orgulloso de ser subinspector de Policía, pero también soy diplomado y graduado en Educación Social, casi licenciado en Derecho, con varios másteres y formación universitaria en lo social y en seguridad. Mi trayectoria académica y profesional me avala. Nuestro discurso es claro: inmigración regulada, ordenada y controlada. Eso no está reñido con la integración. Una cosa no quita la otra.

¿Por qué la Dirección General pasa ahora a depender de la Conselleria de Presidencia?

— Porque hay que hablar de inmigración. No solo de lo que hace —o no hace— el Gobierno central, también de lo que hacemos aquí y de los proyectos en países de origen. Baleares tiene una parte importante de población migrante y debemos hablar de políticas de integración.

¿Qué opina de las imágenes de migrantes en una estación marítima del puerto de Palma?

— No es digno. Son parches. Ni ONGs ni responsables portuarios lo ven lógico. No se puede mezclar turistas de cruceros con migrantes irregulares recién llegados. Lo que hace la Delegación del Gobierno no son soluciones estructurales, son parches.

“Lo que hace la Delegación del Gobierno en Baleares son parches, no soluciones”

¿Y sobre la saturación de los centros de menores?

— Los centros están colapsados y sin profesionales suficientes. El reparto estatal de menores no acompañados se ha hecho con criterios unilaterales. Además, el Gobierno central no ha atendido la petición de reforzar la ruta Baleares-Argelia. Mientras, seguimos recibiendo más llegadas de menores.

Se ha criticado también la medida de exigir tres años de residencia para que los jóvenes extutelados accedan a la ayuda de emancipación.

— Me parece coherente. No se trata de negar apoyo, sino de evitar un efecto llamada. Si un menor llega con 17 años, a los 18 ya queda fuera de tutela y con una ayuda de 300 o 400 euros no solucionas nada. En cambio, si llega con 15 puede escolarizarse, aprender la lengua, relacionarse y tener oportunidades reales. Esa ayuda se diseñó para menores que han sufrido orfandad o abusos aquí, no para perfiles distintos.

El último informe del Ministerio del Interior refleja que Baleares ha aumentado un 78,6% las llegadas respecto a 2024. ¿Es un efecto llamada?

— Totalmente. Ahora mismo somos una puerta abierta hacia Europa. Y eso lo aprovechan las mafias, que se enriquecen con la desesperación humana mientras sigue muriendo gente en el mar. Es un drama humanitario.