Desde el año 2023 la comunidad catalana se gobierna con unos presupuestos prorrogados. Sin embargo, tras evitar cerrar el acuerdo antes de las elecciones andaluzas —para no añadir más desgaste político al PSOE—, PSC y ERC han anunciado finalmente un pacto presupuestario que garantiza estabilidad parlamentaria tanto en Cataluña como, indirectamente, en Madrid. La consecuencia inmediata es evidente: se aleja cualquier posibilidad de adelanto electoral y se consolida la legislatura de Salvador Illa…y la de Pedro Sánchez.
La política catalana es, con notable diferencia, la principal influencia de la política española. Lo que ocurre en Barcelona anticipa procesos que más tarde se trasladan al conjunto del país. Una dinámica que se ha visto muy reforzada con el actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien se muestra decidido a seguir buena parte de la estrategia desarrollada durante años por el nacionalismo catalán. Esto es, ampliación constante del sector público, colonización institucional, subvenciones masivas a los medios de comunicación, construcción de estructuras paralelas de poder, demonización y exclusión de los adversarios políticos, dependencia creciente de pactos con fuerzas identitarias, etc. A todo lo anterior se pueden añadir los elementos definidores del Procés replicados también por el actual gobierno, tal como el ataque a los jueces, a las fuerzas y cuerpos de seguridad o la Corona.
Así, siendo esa seda, el acuerdo entre PSC y ERC plantea un fuerte incremento del gasto público respecto a las últimas cuentas. Aunque el porcentaje exacto depende de la comparación utilizada, el aumento ronda el 24% respecto a los prorrogados. Los ingresos necesarios para financiarlos, por supuesto, no proceden de mejoras en la organización económica, sino en mayores transferencias, más endeudamiento y partidas extraordinarias, en definitiva, mayor presión fiscal diferida o desplazada.
Como no puede ser de otra manera, las partidas de sanidad y educación concentran buena parte de ese crecimiento, algo lógico tratándose de los servicios públicos de mayor dimensión. Esto, sin duda, le permitirá al Govern presentar las cuentas bajo un discurso claramente social aunque lo auténticamente relevante no está ahí.
Más allá del incremento sanitario y educativo, lo que realmente llama la atención es el crecimiento de las partidas vinculadas a la propia estructura política y administrativa de la Generalitat. El acuerdo contempla importantes aumentos salariales tanto para altos cargos, como para determinados funcionarios de la Generalitat en una comunidad con retribuciones ya de por sí cuenta con unas retribuciones comparativamente muy elevadas. ¡El fet diferencial!
Pero, sobre todo, se continúa profundizando en el modelo de expansión institucional iniciado hace décadas. La Agencia Tributaria catalana seguirá aumentando recursos y personal en el marco de la aspiración de ERC de avanzar hacia una hacienda propia, no para alcanzar una mayor eficacia, sino un mayor control con capacidad coercitiva. También se refuerzan los medios de comunicación públicos autonómicos, la acción exterior de la Generalitat y diversos organismos vinculados a lo que históricamente se ha denominado la creación de “estructura de estado”, el consorcio de la Zona Franca, Autoridad Aeroportuaria, etc., sin olvidar las abultadas partidas para todo lo relacionado con los temas lingüísticos.
Estos nuevos organismos, y la ampliación de los existentes, darán cálido cobijo no sólo a miembros de los partidos firmantes, sino que también intentarán incluir a algunos militantes o simpatizantes de Junts, aunque sea en puestos algo alejados de la epicéntrica plaza de Sant Jaume.
El problema de fondo no es únicamente el incremento del gasto, sino su composición. Cataluña continúa aplazando algunas de sus principales necesidades estratégicas de inversión. Las infraestructuras ferroviarias, los accesos metropolitanos, la vivienda o determinadas ampliaciones logísticas siguen avanzando con enorme lentitud pese a las reiteradas promesas políticas. Da la impresión de que el Govern vuelve a apostar prioritariamente por el gasto corriente antes que por las inversiones transformadoras capaces de mejorar la productividad y competitividad de la economía catalana.
De hecho, la gran inversión emblemática del acuerdo —el marquetinianamente denominado “tren orbital”— parece responder más a una necesidad simbólica y política que a una auténtica planificación ambiciosa de infraestructuras. Y eso resulta especialmente llamativo en una comunidad que evidencia déficits evidentes en movilidad, energía, infraestructuras hidráulicas y capacidad logística.
En cualquier caso, lo más relevante de este pacto entre Illa y Junqueras no es únicamente su contenido económico, sino su significado político. El acuerdo confirma que la tradicional alianza entre socialismo y nacionalismo catalán continúa plenamente vigente. ERC mantiene capacidad de influencia institucional pese a su desgaste electoral, mientras que el PSC acepta buena parte de sus prioridades estratégicas a cambio de estabilidad parlamentaria.
Y ahí es donde el acuerdo catalán adquiere una dimensión nacional. Porque lo sucedido en Cataluña anticipa, casi con total seguridad, la continuidad de la hoja de ruta del Gobierno español. Pedro Sánchez depende exactamente de los mismos equilibrios parlamentarios y de la misma lógica política: expansión del gasto público y clientelismo galopante, negociación permanente con los partidos nacionalistas y construcción de mayorías basadas en intereses sectoriales y económicos fragmentados. Los presupuestos catalanes no son, por tanto, un simple acuerdo autonómico. Son también una señal clara de que el actual modelo político del socialismo español todavía dispone de recorrido. Al menos mientras la alquimia contable, impulsada por la UE, continúe vinculando a socios parlamentarios interesados en prolongarlo y exprimirlo.
