Multitud de organizaciones ecologistas y todo tipo de colectivos están planteando alegaciones al borrador del decreto de protección de la posidonia oceánica que ha elaborado la Conselleria de Medio Ambiente del Govern. Aunque el conseller Vicenç Vidal considera que se trata de una normativa pionera y efectiva para garantizar la protección de las praderas de posidonia, vitales para el medio ambiente marino de Balears y también responsables del característico color de las aguas del archipiélago, muchas entidades consideran que habría de irse mucho más allá para lograr preservar esta alga de las agresiones que sufre. Mientras los ecologistas consideran que la normativa ha de ser mucho más restrictiva, desde el sector de la náutica recreativa lamentan que se les intente criminalizar acusándoles de ser los principales causantes de dañar la posidonia con los fondeos incontrolados, cuando es evidente que además de los fondeos, los emisarios submarinos que vierten al mar el agua proveniente de las depuradoras, tienen gran impacto en el medio ambiente marino.
En esta discusión, donde es difícil lograr un equilibrio que contente a todos, Podem ha propuesto que haya un cuerpo específico de agentes que vigilen el fondeo de barcos y el estado de las praderas de posidonia, destinando para su financiación el 5% de la recaudación de la ecotasa. Esta propuesta merece ser estudiada y debatida, pues realmente el impuesto de turismo sostenible debiera dedicarse a iniciativas como esta, antes que a muchas otras inversiones que nada o muy poco tienen que ver con la conservación del medio ambiente y del paisaje.
Sin embargo, la propuesta parece fruto de la improvisación, si no directamente una ocurrencia sin más recorrido, porque la formación morada ha tenido oportunidad de negociarlo con los partidos firmantes de los Acords pel Canvi y no consta que haya hecho ninguna propuesta en este sentido.
