La firmeza de Álvaro Gijón y José María Rodríguez en negar las acusaciones de una testigo protegida del ‘caso Cursach’, esencialmente su participación en orgías con drogas en una casa de citas de la calle Lluis Martí de Palma y que presuntamente y según los investigadores, pagaba el empresario Bartolomé Cursach como soborno a los dos políticos a cambio de otorgarle un trato de favor, contrasta con la debilidad con que se pretende probar las acusaciones de dicha testigo, a la sazón la madama del club de alterne. Es muy difícil probar lo que no ha sucedido o que uno no ha estado en un sitio, como sostiene la testigo, pero tanto Gijón como Rodríguez perseveran en negar las acusaciones.
La fragilidad del testimonio incriminatorio se deduce del hecho que el juez no ha adoptado ninguna medida cautelar contra Rodríguez y Gijón tras oír su declaración. Y es que no parece que unas anotaciones manuscritas en un cuaderno, escritas por la propia testigo de su puño y letra, sean suficientes para sostener y corroborar acusaciones tan graves.
Por otro lado se anuncia que en breve será llamado a declarar el gerente del Grupo Cursach por, supuestamente, buscar pruebas falsas del caso al encargar a una agencia de detectives buscar una fotografía de la testigo protegida con uno de los policías que investiga el caso y probar así una relación sentimental. Resulta lógico que por medios absolutamente legales cada cual procure obtener pruebas para defenderse y resulta llamativo que por ello se pretenda acusar de obstrucción a la Justicia. Defenderse no es obstruir a la Justicia y menos aún defenderse de alguien que sostiene con pruebas tan endebles, acusaciones tan graves.
