El PSOE de Santa Eulària ha exigido al equipo de gobierno municipal que preside Vicent Marí, explicaciones por cómo se ha gestionado la adjudicación del crematorio de Santa Eulària que el TSJB ha sentenciado contrario a la Ley.
A esta demanda de explicaciones, el PP de Santa Eulària ha respondido con un duro comunicado donde reprocha a los socialistas que en este asunto “pretendan hacer creer que ellos no han tenido nada que ver”, lo que “parece patético”, dado que la “adjudicación municipal se realizó por unanimidad del Pleno de la corporación, por lo que todos los grupos, incluido el PSOE, son responsables de dicha resolución”.
“El grupo socialista pide explicaciones al alcalde, Vicent Marí, sobre dicho procedimiento y se preguntan por qué se aceptó un proyecto que incluía la demolición de un edificio pequeño y obsoleto, que es la única razón por la que se ha anulado el concurso, y no por ser un servicio innecesario o carente de las medidas de calidad que merecemos los ciudadanos. Toda la información que desean la tienen a su disposición, básicamente porque irónicamente el grupo socialista votó a favor de la adjudicación que ahora tanto critican, y por tanto, sería autor de los hechos que ellos mismos denuncian como exclusivos de Vicent Marí”, reza el comunicado difundido por el PP.
Además, los populares recuerdan que el actual presidente del Consell Insular d’Eivissa y secretario general de la FSE, Vicent Torres, votó a favor en el pleno de la corporación, tanto a la adjudicación del proyecto como al rechazo del recurso presentado por Pompas Fúnebres. “Las actas de los plenos de aprobación de la adjudicación (31 de octubre de 2013) y de rechazo del recurso (6 de febrero de 2014) se pueden consultar en la web municipal y contemplar la falta de objeciones de los socialistas que, o no saben lo que votan, o cambian de opinión por su propio interés”, apostillan desde el PP.
El PP de Santa Eulària reclama a los socialistas “lealtad a los intereses del municipio y de sus ciudadanos, en favor de un servicio de máxima calidad como el que se está prestando”, a la vez que piden que “dejen de defender los intereses de la empresa privada que ha atacado esta adjudicación”.
