La Audiencia Provincial ha ratificado la condena que el juzgado Penal nº 1 de Palma impuso en septiembre del año pasado a los 44 sujetos que el día 22 de mayo de 2012 asaltaron la sede de la Conselleria d’Educació y entraron violentamente y a gritos en el despacho del entonces conseller Rafel Bosch. Todo el mundo pudo ver las imágenes del acto, en un vídeo que fue difundido por varios medios de comunicación como los condenados alteraron el orden público y se excedieron de forma intolerable (y así lo expresa la sentencia) en su derecho de reunión y manifestación y también de libertad de expresión al deslizar su legítima protesta en contra de la política educativa del Govern de les Illes Baleares hasta el insulto y la violencia física. De hecho, cinco de ellos fueron condenados por una falta de lesiones.
En democracia no todo vale y el Estado de Derecho debe asegurarse de que aquellos que recurren a la protesta violenta sean castigados. Lamentablemente y como era de esperar, ya han saltado algunos de los condenados y las organizaciones a las que pertenecen para afirmar que lo volverían a hacer. La pena impuesta no parece haber hecho en ellos ningún efecto. Pronto han organizado conciertos y actos de apoyo para recolectar fondos con que pagar las multas impuestas por la Justicia, en total 32.130 euros. Sería bueno que los jueces tomen nota para que la próxima vez la cuantía de las multas sea más elevada, ya que las impuestas en esta ocasión no han dado el más mínimo fruto resocializador. Ni se arrepienten ni piden perdón, sino que se muestran proclives a la reincidencia.
