La decisión judicial que ha dejado en libertad al autor de un brutal atropello a dos motoristas en la carretera de Petra en la noche del sábado al domingo, resulta, como mínimo, incomprensible. Hablamos de un individuo de nacionalidad marroquí que conducía ebrio, sin carné, y que tras arrollar a dos personas —todavía hospitalizadas con graves lesiones y politraumatismos— se dio a la fuga.
El historial delictivo del acusado es elocuente: multirreincidente, con antecedentes, e incluso con una orden de expulsión del país. Sin embargo, sigue en la calle.
Precisamente, esta nueva causa judicial impide ejecutar su expulsión. Y mientras tanto, los ciudadanos quedan expuestos a una impunidad que mina la confianza en el sistema judicial.
El mensaje de impunidad que se lanza al conjunto de la sociedad es terrible
El mensaje de impunidad que se lanza al conjunto de la sociedad es terrible. Se diría que conducir borracho, sin permiso de conducir, causar un grave accidente y huir dejando sobre el asfalto a dos personas gravemente malheridas no tiene consecuencias inmediatas para quien así actúa.
Es descorazonador observar en la Administración de Justicia tan claros síntomas de desconexión con la realidad. La prevención general, que debería proteger a la ciudadanía, parece en este caso haber sido relegada a un segundo plano frente a un garantismo mal entendido. No se trata de venganza, se trata de responsabilidad. La sociedad no pide justicia ejemplarizante, pide justicia coherente. Y esta decisión no lo es.
La sensación de indefensión es flagrante. La ciudadanía necesita confiar en que las leyes no solo existen, sino que se aplican con sentido común y firmeza. De lo contrario, el vacío lo ocuparán la frustración, la inseguridad… y el descrédito institucional.
Un comentario
Será que el juez tiene miedo a que le llamen racista, ya pasó con ladrones multireincidentes que acusan a la policía de racismo por detenerlos y luego vienen las asociaciones que viven de las subvenciones a quejarse también para visualizarse. Vivimos en un estado de derecho fallido