Cort 1 o la casa de tócame Roque.
Cada día nos levantamos con un escándalo o decepción del Ayuntamiento que preside lejos de toda dignidad el Almirante Hila. Cada vez el desaguisado es mayor pero esta vez ha alcanzado cotas que ni los menos creyentes en ese consistorio hubiésemos imaginado en nuestras peores pesadillas.
La penúltima del Ayuntamiento es que han aparecido en un torrente miles, creo varios cientos de miles, de notificaciones de propuestas de sanciones e incoación de expediente sancionador tiradas, sin más, para que nunca llegaran a sus supuestos receptores. Esto tiene mucha más enjundia de lo que parece como intentaré exponer más adelante.
Esto que les he relacionado en el párrafo anterior nos lo cuentan de algún país y pensamos que está en subdesarrollo y que es una corrupción grosera de la administración conchaba con el notificador, pues no, esto pasa en la Europa del siglo XXI, se supone que un país avanzado, civilizado y supuestamente respetuoso con las normas.
Probablemente el concejal de turno, cual guardiamarina recibiendo órdenes del Almirante dirá que ellos, el Ayuntamiento, nada tiene que ver con ese desastre, que es una cuestión de la contrata y de la subcontrata que no han estado a la altura. Mienten y en mi humilde opinión les diré los diversos motivos todos ellos gravísimos.
Quien tiene nuestros datos de manera legítima es el Ayuntamiento y si los cede mediante una contrata continúa teniendo la responsabilidad y la obligación de que con esos datos se haga un uso adecuado y desde luego echar los datos a un torrente no entra en lo que es la obligación de custodia pues quedan al acceso de cualquiera que los encuentre, no se contempla en la Ley ad hoc que el cauce de un torrente sea el lugar idóneo de custodia de información sensible de los ciudadanos. El problema es que si se denuncia ante la Agencia Española de Protección de Datos la sanción sería al Ayuntamiento y la volveríamos a pagar los ciudadanos y no el concejal de turno que ha hecho una clara dejación de sus funciones.
Para colmo del absurdo, el Ayuntamiento sí logra notificar la ejecución de la sanción con recargo y con pérdida del derecho de pago en período voluntario, en claro perjuicio del ciudadano sancionado. Estamos ante un enriquecimiento injusto e ilegitimo por parte del Ayuntamiento de Palma que debería ser puesto en manos del Juzgado de Guardia a la mayor brevedad. Animo a quien así lo considere que lo haga. Por si nuestros bolsillos no estuviesen suficientemente vacíos nos quieren cobrar con recargo una sanción no notificada.
Pero para mi, lo más grave que supone el echar al torrente las notificaciones no es lo dicho con anterioridad sino que nos han privado a los ciudadanos de ejercer el derecho constitucional a la defensa frente a la administración. Al no haberse notificado el inicio de expediente el ciudadano ha perdido el plazo de formular alegaciones a una propuesta de sanción y por ende ha perdido su oportunidad de recurrir ante los Tribunales de Justicia la sanción que, justa o injusta, se le ha interpuesto y que puede haberse convertido en título ejecutivo en base al cual se embarguen cuentas e incluso bienes inmuebles en función de la cuantía. Un país, o una ciudad, que impide a sus ciudadanos ejercer el derecho de defensa no es más que una dictadura, así de sencillo.
Vamos al menudeo, como es posible que alguien en el Ayuntamiento considere que una multa es ejecutiva si no le consta que ha sido notificada; la respuesta inmediata y que dará el concejal de turno, ese que no dimitirá ya que necesita el sueldo para vivir, que lo han hecho por el BOIB, pero es que notificar por el BOIB solo es posible cuando se ha fracasado o no se ha recogido la notificación y eso ha devenido imposible pues nadaba en el torrente en cuestión. No cabe aplicar automatismos cuando se habla de derechos de los ciudadanos, el Ayuntamiento de Palma, el Almirante Hila como comandante en jefe, se burla de nosotros, nos quiere cobrar lo que no debemos y encima espera que les votemos en medio año. Sin duda hay que botarlos. Palma tardará en recuperar toda la dignidad perdida en estos ocho años de mandato de ese grupo de ineptos a cual peor.
A colación con cuanto antecede ha accedido a la prensa publicada que una serie de personas han sido sancionadas por haber acudido de forma ilegal a una fiesta celebrada en Son Vida en la cuantía de 60.000 euros. Me parece muy bien pero, siempre hay un pero, creo que sería de interés que se hiciese pública la sanción impuesta a la Presidente Armengol por unos hechos similares. Fuera de hora fue pillada en pecado en el Hat Bar, comportamiento muy parecido a los de Son Vida. Creo que el Parlament es el lugar idóneo para que la oposición solicite el expediente que se debió incoar a la señora Armengol. Si no se incoó ningún expediente contra la Honorable quizás alguien cometido algún ilícito penal. Animo a cualquier ciudadano que lo ponga en conocimiento de los Tribunales, lo partidos que nos representan no lo harán, son unos flojos y unos cobardes.
Existe una máxima en el mundo democrático, a igual hecho igual sanción. Parece ser que no ha sido así, ¿acaso la Presidente está por encima de las leyes?
Por último una breve reflexión, si es declarado inconstitucional la declaración del estado de excepción por el Tribunal Constitucional, ¿no debería ser nulo todo lo que cuelga de esa norma inconstitucional? Es hora de dimisiones y de un poco de higiene democrática, y como dijo Bernard Shaw, “a los niños y a los políticos hay que cambiarlos con frecuencia y por el mismo motivo”.
