Los contribuyentes tenemos todo el derecho a conocer el detalle -sin cocina- de las cuentas sobre el déficit público en España, en las CCAA y en los Ayuntamientos. Las cuentas presentadas esta semana por Cristóbal Montoro son, como mínimo, sospechoas por previsibles. Antes de presentar el 'agujero' presupuestario de las autonomías ya sabíamos que el ministro se sacudiría las culpas y responsabilizaría a los gobiernos autonómicos del ecandaloso desfase de 2015. Se cumplió el guión. Ya conocemos a Montoro.
Todos los partidos del arco parlamentario han pedido una auditoría de las cuentas del Estado porque no puede ser que toda la culpa sea de los gobiernos autónomos justo ahora que la mayoría de ellos han cambiado de color político dejando el color azul del PP.
El tema del déficit recuerda y mucho a las décadas en que las CCAA estuvieron pidiendo que se hicieran públicas las Balanzas Fiscales del Estado con las autonomías. Ahora pasa lo mismo. Una vez al año, sale Montoro ante las cámaras y da su particular -y presuntamente interesada- lectura de la situación. ¡Queremos todos los números!
Apuntado esto, volvemos al germen del asunto. ¿Por qué se es más exigente con el objetivo de déficit con las Comunidades Autónomas que con el Gobierno? ¿Por qué la exigencia es mayor?
Es de perfil bajo culparlas ahora de todo, aunque hay que reconocer que las hay -como Balears- cuyos nuevos gobiernos ya anunciaron el primer día que incumplirían el objetivo.
Y, puestos a buscar culpables, el Estado deberá reconocer su error de cálculo al ingresar la Seguridad Social mucho menos de lo previsto.
Mal por todos y un sólo aplauso. Aplauso para los ayuntamientos, que son según todas las lecturas los que más y mejor han cumplido con el objetivo de déficit siendo las administraciones más próximas al ciudadano y las que tienen que dar siempre la cara en primera instancia.
10.000 millones de desvío. Al nuevo gobierno ¿Sánchez? ¿Rajoy? ¿Iglesias? ¿Rivera? le tocará arrancar anunciando nuevos ajustes ahora que la economía remonta.
