El Parlament dio ayer la extremaunción a la mal llamada Oficina Anticorrupció, reducto que conservaban las fuerzas políticas del extinto Pacte para seguir espiando a las administraciones en manos de los partidos que hasta el pasado 28 de mayo conformaban la oposición.
Pese a que, desde su creación, el citado organismo ha demostrado con creces su absoluta inutilidad en la función para la que teóricamente fue creado, pronto se reveló como un método útil para desarrollar una labor inquisitorial en ayuntamientos e instituciones comandadas por otros partidos.
El mecanismo de funcionamiento más habitual era el siguiente: Los concejales o representantes de la oposición en los órganos de gobierno -obviamente, de alguno de los partidos del Pacte-, en esos ayuntamientos o instituciones, actuaban -directamente, o mediante terceros- como denunciantes de las más nimias cuestiones administrativas, algunas de las cuales no alcanzaban siquiera la calificación de mera irregularidad. Luego, la Oficina, con su rimbombante y atemorizador nombre y su falsa apariencia de garantía contra los corruptos, contribuía a magnificarlas con el fin poco disimulado de servir a los intereses de la izquierda, es decir, para facilitar el despellejamiento del alcalde o gerente de la institución respectiva a cuenta de asuntos sin trascendencia penal alguna. Si algo llegaba a Anticorrupció es que era muy grave, ese era el embuste.
El plan hubiera sido casi perfecto si no se hubiera confiado a personajes tan poco sutiles; tanto, que no supieron disimular jamás investigando a alguno de los suyos o destapando algún asunto grave en que hubiera incurrido algún alto cargo del Pacte. Por supuesto, casos como el de los abusos y la explotación sexual a las menores tuteladas del IMAS, o la escandalosa corrupción urbanística de un alcalde socialista en Eivissa, jamás fueron materias que preocuparan lo más mínimo a los gerifaltes de la Oficina ‘antioposición’, pues ellos tenían cuestiones mucho más importantes que escrutar, ninguna de las cuales, por cierto, ha merecido intervención alguna de la Fiscalía o los Juzgados en todos estos años.
Prohens tenía muy claro que este chiringuito, este colocadero de enchufados del Govern, había de desaparecer, entre otras cosas porque nos ha costado un millón y medio de euros anuales sin el más mínimo retorno para la sociedad.
La prensa afín al armengolismo militante, por descontado, se rasga las vestiduras, pero el ciudadano de a pie ha dejado de tirar a la basura su dinero, y eso es siempre una buena noticia.
