Desde aquel escándalo provocado por los billetes registrados como “gratis total”, con los que la compañía Trasmediterránea agasajó a dirigentes socialistas a principio de los noventa, el término se ha acuñado para clasificar los excesos a la hora de congraciarse las empresas privadas con los funcionarios y gobernantes. No es de extrañar que al vicepresidente del Govern le hayan colgado la etiqueta de inmediato, tras conocerse que ha viajado sin coste a Punta Cana con el equipo del programa “Fora de Joc”, independientemente de que el cargo lo soportara Globalia directamente o el Canal 4, por el acuerdo de “bartering” que tiene con la empresa turística mallorquina.
La trayectoria política de Gabriel Barceló ha sido compleja y salpicada de altibajos, pero su entrada en el Govern, al que no pudo acceder en 2007 por el régimen interno del PSM, le ha supuesto un verdadero calvario. Las dimisiones de Miguel Ángel Roig, Pere Muñoz y Pilar Carbonell; el escándalo de los contratos a Jaume Garau; la controvertida reforma de la Ley Turística; ni la presión desde la oposición y de sus propios socios de gobierno pudieron derribarle, pero le debilitaron tanto que nadie ha movido un solo dedo para salir en su defensa.
Aunque el Tribunal Supremo estableció recientemente que regalar botellas de 800 euros a políticos en ejercicio por parte de un empresario imputado en un caso de corrupción es una práctica que no comporta "ilícito penal alguno", siquiera el de cohecho impropio, la aceptación de obsequios de cualquier cuantía por parte de un servidor público le compromete ante la sociedad, sobre todo si se trata de mantener en secreto.
El propio Biel Barceló estaba sentado en el Consolat de Mar cuando se alcanzó el Acuerdo de 13 de mayo de 2016 por el que se aprobó el Código ético del Govern de les Illes Balears, en el que se especifica que los cargos públicos no pueden aceptar ni regalos ni obsequios, a no ser que sean derivados de atenciones protocolarias o de usos sociales de cortesía, por lo cual, en caso de que los reciban, los tienen que devolver, justificándolo de manera expresa en aplicación de este Código y, los que cumplan esos requisitos, tienen que hacer constar en el registro de atenciones protocolarias y obsequios del órgano o del ente afectado. También la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público como la Ley de transparencia y buen gobierno se refieren con nitidez a este asunto.
No puede un político curtido alegar ignorancia, ni excusarse en un “error”, por no discernir entre el colaborador de un programa deportivo y el cargo público que ostenta, más aún cuando debería ser más precavido tras haber centrado durante los últimos meses las críticas, desde todos los puntos cardinales. De hecho, esa supuesta confusión ya sería motivo suficiente para que dimitiera, por no estar capacitado para ejercer con independencia la función que se le encomendó y por volver a poner en cuestión la solvencia de un Ejecutivo, en el que se abre una nueva crisis.
A la espera de que Podemos mueva ficha, MÉS per Mallorca pretende conservar su equilibrio de fuerzas en las instituciones y no querrá renunciar a su hegemonía, ni al discurso regeneracionista con el que concurrieron a las últimas elecciones, así que por un “gratis total” han decidido fulminar al que fuera su líder, pero a quien le va a costar muy caro el regalo es a la Presidenta Armengol..
