Aunque no lo parezca no ha llegado la canícula, que no lo hará hasta la próxima semana, solo van llegando olas de calor de manera continuada que no hacen sino secar nuestros campos con el consiguiente riesgo de incendios y asfixiarnos con esas temperaturas que semana a semana, día a día, baten marcas absolutamente sofocantes.
No tiene que ver pero el verano en el ámbito público viene también calentito; y a mi me resulta ineludible abordar las diferentes responsabilidades que se echan a la cabeza nuestros políticos tanto a nivel nacional como los que disfrutaron bañándose en Es Trenc por algo que unos dicen que es inminente y otros dicen que no pasará jamás. Creo que los que se manifestaron intentan sacar oxígeno en medio de ese sofoco que suponen las encuestas que nos brindan los medios día sí y día también.
La responsabilidad penal es un concepto concreto que deriva de una sentencia de un tribunal; requiere que exista un comportamiento tipificado y que el autor del comportamiento reúna los requisitos que establece la norma penal en cuanto a su imputabilidad y a los hechos acreditados en el acto de juicio oral. No existe otro tipo de responsabilidad penal sino es la que emana de los tribunales penales; ningún otro órgano del estado tiene potestad para privar a un ciudadano de determinados derechos, especialmente a la libertad o libre deambulación que un juez, o tribunal pluripersonal, penal.
No todos los jueces pueden decir sobre las cuestiones penales, solo pueden hacerlo los que por razón de su cargo, tanto en un juzgado de instrucción como en un órgano juzgador, puede acordar medidas restrictivas de la libertad de las personas, afortunadamente nuestro sistema emanado de la Constitución es tremendamente garantista.
Cuando en una actuación llevada a cabo por un político tiene que intervenir la jurisdicción penal supone un fracaso, entre otras cosas, de los sistemas de control pues un político puede adoptar una resolución no ajustada a derecho y no por eso es constitutivo de delito, a diario los juzgados de lo contencioso administrativo, o las salas de la misma jurisdicción, revocan resoluciones firmadas por un político pero eso no es delito, la mayoría ni de manera aproximada.
En definitiva la responsabilidad penal tiene que ver con el derecho positivo, el publicado, y siempre que el comportamiento esté expresamente incluido en el código penal como delito. Es imprescindible que en el momento de la comisión de los hechos revisados exista como delito, jamás a titulo retroactivo. Nullum crimen nulla pena sine lege decían los clásicos y eso, afortunadamente aún es así.
La responsabilidad política es absolutamente diferente de la penal, pues mientras esta última emana de la ley la política es una cuestión moral, cosa que jamás juzgan los tribunales. La moral es particular y cada uno tiene la suya, si bien por razones de sociedad o religiosas existen unos parámetros coincidentes que nos permiten disfrutar de una moralidad común o parecida.
Cuando un político comete un error, resulta ineficaz o no está a la altura de un cargo –no todos valemos para todo- debe dar explicaciones de su proceder. Su comportamiento no es delictivo, solo no adecuado a la eficiencia o a la moral general y eso puede llevar a la sociedad a exigirle responsabilidades.
Pienso que el modelo actual que dice que se adoptarán medidas de responsabilidad política cuando en el ámbito penal un juez o un tribunal adopten determinadas medidas procesales, me parece un error tremendo. Cuando un político traiciona la confianza de la ciudadanía debe dimitir de su cargo aunque no lleve aparejado ningún proceso penal. Son conceptos diferentes.
En los países de nuestro entorno, especialmente en los países de la Unión Europea, se adoptan responsabilidades políticas sin que se haya abierto ningún tipo de procedimiento contra ellos, solo por haber mentido o por algo intangible como la pérdida de confianza de su partido.
Evidentemente, en cuestiones políticas, nuestra moral es muy laxa y nuestros políticos se agarran al sillón, a la moqueta, o a cualquier privilegio entre ellos el aforamiento.
Ese comportamiento resulta inaceptable, en mi humilde opinión, y todos los partidos, unos y otros, deberían aplicar con rigor su código ético que para eso lo tienen.
