La patronal de los transportistas de pasajeros hizo público un comunicado en el que denuncia que muchas empresas asociadas están a punto de cerrar, ante la imposibilidad de continuar operando con una deuda de casi 4,5 millones de euros que el Govern mantiene con ellos. Por supuesto, esta deuda no se ha generado porque nuestras autoridades viajen en autobús, sino porque la Conselleria de Educación no les paga los servicios escolares contratados y la de Movilidad no hace frente a las subvenciones convenidas para que funcione el transporte de pasajeros a los pueblos, TIB. El caso es tremendamente ilustrativo: por un lado explica claramente cómo una iniciativa positiva, como es la promoción del transporte público que, con algunos errores menores, ha llevado a cabo el gobierno saliente, puede no sólo irse al traste sino convertirse en un suplicio si las administraciones no tienen la seriedad mínima de controlar, gestionar y dirigir sus finanzas como corresponde. La irresponsabilidad demagógica de poner en marcha un tren eléctrico, de lanzar un tren tram en Manacor, sin tener el dinero, no sólo va a acabar en nada sino que, encima, puede arruinar iniciativas razonables como esta. El episodio, en segundo lugar, ilumina al ciudadano sobre lo que nos espera si el Gobierno de Bauzà no aplica recortes draconianos en el gasto. Todo el mundo está de acuerdo en mantener estas políticas de transporte pero, como es evidente, ninguna empresa puede sobrevivir si se le adeudan 4 millones de euros. Por lo tanto, Bauzà tendrá que aplicar recortes espectaculares a otras partidas para permitir que estas empresas sobrevivan. Lo contrario sería horrible: el cierre de estas compañías, el despido de sus trabajadores, la supresión de estos servicios y, en cascada, un cierto derrumbe de cuestiones básicas. Todo para que, mientras, por ejemplo el Metro vaya sin pasajeros.
