La denuncia hecha por la Asociación Balear Inmobiliaria Nacional e Internacional (ABINI) relativa a que la Sareb mantiene bloqueados 50 solares en los que se podrían edificar 583 viviendas en Baleares, es un escándalo de gestión que demuestra cierta desconexión de esta entidad con la realidad de nuestra sociedad.
La Sareb, creada en 2012 para sanear el sistema financiero tras la crisis, se financia hoy con dinero público y, sin embargo, parece actuar como si fuera un agente especulativo más, en lugar de cumplir con su obligación de favorecer el acceso a la vivienda.
En una comunidad autónoma donde la falta de suelo edificable es acuciante y donde miles de residentes se ven condenados a alquileres prohibitivos, cada día que estos solares permanecen vacíos es un día más de exclusión residencial y de frustración para familias que buscan un hogar digno.
La Sareb, lejos de cumplir con el interés general, ha preferido mantener acuerdos con fondos de inversión, bloqueando activamente recursos que podrían aliviar la emergencia habitacional que sufren las islas.
La Sareb, lejos de cumplir con el interés general, ha preferido mantener acuerdos con fondos de inversión, bloqueando activamente recursos que podrían aliviar la emergencia habitacional
El caso de Son Busquets es paradigmático: 800 viviendas paralizadas durante décadas son un ejemplo vergonzoso de ineficiencia. Estas cifras no son abstractas; representan oportunidades perdidas para jóvenes, familias y trabajadores que ven cómo su derecho a una vivienda asequible se diluye en el tiempo mientras hay solares disponibles para construir pero permanecen inactivos.
La Sareb no puede seguir operando como un actor aislado de la realidad balear. Es una entidad pública, sostenida con impuestos, y su obligación debería ser clara: desbloquear suelos y viviendas, favorecer al promotor local y garantizar que los proyectos se destinen a los residentes. Su indolencia ya no es tolerable.
Baleares no puede permitirse más demoras ni anuncios vacíos. La Sareb tiene la llave para liberar cientos de viviendas que aliviarían la presión sobre un mercado asfixiado, pero hasta ahora ha elegido el camino de la inacción.
El tiempo de excusas ha pasado. La ciudadanía reclama hechos, no palabras, y la Sareb debe responder con eficacia inmediata, cumpliendo con su obligación pública y no con los intereses especulativos que tanto daño generan.
