Seis detenidos por fraude en operaciones de compra-venta de coches en Mallorca

La Guardia Civil ha detenido a seis personas pertenecientes a una organización que se dedicaba a eludir el impuesto de trasmisión de vehículos en Balears. En total el fraude a la Agencia Tributaria de las Islas Baleares (ATIB) se eleva a 1,1 millón de euros, que afecta a un total de 4.700 expedientes de compraventa de vehículos de segunda mano en los que se ha cometido el fraude.

La Guardia Civil en colaboración con la Agencia Tributaria de Les Illes Balears, ha desarticulado una organización delictiva que había diseñado y puesto en marcha un sistema de defraudación del Impuesto de Transmisión Patrimonial en la compraventa de vehículos usados. En la operación, se ha detenido a seis personas por delitos de falsedad documental, estafa, usurpación del estado civil y organización criminal, al haber
simulado a través de sociedades, de forma coordinada y a lo largo de cuatro años, las compras y ventas de más de 4.700 vehículos y obtenido un beneficio económico derivado de la actividad delictiva de más de 400.000 euros.

La operación MORABATÍ se inició a finales de diciembre de 2016, cuando los investigadores comprobaron como en distintos vehículos usados, figuraba en las bases policiales “baja temporal entrega a compraventa” por un periodo de un día, cuando estos vehículos habrían sido adquiridos entre particulares. Durante la misma, comprobaron como la misma persona -F.J.G.- figuraba como “antiguo poseedor” de más de 4.700
vehículos desde el año 2014, y que la mayoría de las transferencias de estos vehículos habían sido realizadas a través de una gestoría ubicada en Palma.

Los investigadores avisaron a Hisenda y abrieron una investigación administrativa totalmente distinta de la penal ya iniciada. Desde la Guardia Civil subrayan la diferencia entre ambas vías, dado que este fraude nunca pudiera constituir un ilícito penal debido a la pluralidad de contribuyentes y que las cantidades defraudadas por cada uno en ningún caso superarían los 120.000 euros, límite para el ilícito penal de fraude a la hacienda autonómica. De esta vía administrativa la Guardia Civil ha participado prestando seguridad y apoyo operativo durante el registro administrativo realizado a la gestoría investigada, el 18 de julio de 2017, así como a la localización y recogida de manifestación de personas para la ATIB.