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Sin concesiones a los botellones

miércoles 21 de julio de 2021, 00:00h

La nueva ola de contagios, la extrema relajación en determinadas actividades sociales y, sobre todo, el preocupante aumento de botellones con gran aglomeración de jóvenes han llevado al Govern balear a plantear una nueva tanda de restricciones que entrarán en vigor esta semana.

Por un lado, los bares y restaurantes tendrán que cerrar a la una de la madrugada -una hora antes que ahora- con limitaciones de aforos a cuatro clientes máximo por mesa en interiores y ocho en las terrazas. Por otro, no podrán reunirse personas no convivientes entre la una de la mañana y las seis, tanto en espacios públicos como privados. Las playas y parques quedarán cerrados a las diez de la noche. Este endurecimiento de la normativa anti-Covid entrará en vigor entre el jueves y el sábado, una vez que previsiblemente se haya pronunciado a favor el Tribunal Superior de Justicia de Baleares al que el Govern elevará los decretos pertinentes.

El objetivo principal de las nuevas normas es acabar con los botellones y las fiestas ilegales, focos principales de la expansión del coronavirus, sobre todo, entre los más jóvenes, donde la incidencia acumulada -en la franja de edad de 16 a 29 años- supera los 1.700 casos por 100.000 habitantes. Para ello, se ha endurecido el régimen sancionador que prevé multas entre 1.000 y 5.000 euros para quienes sean denunciados por participar en estas aglomeraciones, siendo las multas más elevadas para aquellos positivos de Covid que sean sorprendidos en reuniones no autorizadas habiéndose saltado, además, una cuarentena.

Debería sonrojar que haya que recurrir a este tipo de sanciones para evitar comportamientos tan antisociales. Pero es inevitable aplicar mano dura si el resto de medidas y recomendaciones no consiguen frenar unas actividades que ponen en riesgo la salud y la economía y el trabajo de toda la sociedad. Al menos, que los no tienen en cuenta la seguridad de todos paguen por ello.

Así lo han entendido también los profesionales de la salud -que de seguir los contagios al alza temen un despegue del número de hospitalizaciones- y los sectores económicos implicados -que prefieren aplicarse restricciones leves si se asegura así una continuidad de sus actividades perfectamente legales-.

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