Supongamos que nadie de los implicados en el nuevo caso de corrupción que provocó las detenciones de ayer, cobró o pagó comisiones por los contratos que están siendo investigados. En ese caso, si sólo se tratara de asuntos en los que no se ha cumplido la legalidad estricta en materia de contratación, habría que hacer una reflexión y más cuando hoy mismo Diario de Mallorca describe en otra información un panorama de generalizado incumplimiento de la Ley, como se puede comprobar leyendo cualquier informe del Tribunal de Cuentas de Madrid o de la Sindicatura de Palma. En primer lugar, el delito se tiene que perseguir siempre, sea pequeño o grande, pero no hemos de olvidar que si perseguimos contratos de 60 mil euros, deberíamos por coherencia ser más exigentes con los contratos de millones de euros, con las subvenciones a la banca, con la supresión de la publicidad en Televisión Española que es una subvención multimillonaria a las grandes cadenas de televisión, etcétera, que naturalmente tampoco son el resultado de concursos públicos en los que la Administración es ciega. En segundo lugar, las leyes existentes intentan regular un mundo irreal: hay que adjudicar, dicen, sin conocer al destinatario, sólo valorando sus cualidades. Esto, sin embargo, no ocurre jamás. Por un lado porque hay muchas cuestiones ideológicas de por medio. El gestor asume un papel discrecional que se maquilla de la forma que sea pero que no deja de ser discrecional. Jamás un euro de un gobierno de derechas va a una organización calificada de izquierdas o al revés. Jamás quiere decir jamás, ni con la legislación más avanzada. En España, aquí y donde se quiera, todo es discrecional. Y, en algún caso, los adjudicadores saben que algunos proveedores, aunque en el papel parezcan serios, en la realidad no lo son. Y, por razones puramente de eficacia, los discriminan. Y, finalmente, habría que preguntarse y no estaría mal, quién ha diseñado estas soluciones jurídicas para contratos de esta naturaleza que están hoy en los juzgados. Por supuesto, no ha sido el externo, que se limita a pedir y aceptar que le den; incluso muchas veces tampoco es el integrante del Gobierno que no tiene ni la formación ni la competencia para decidir cómo se hacen estas operaciones, sino que es un experto jurídico que ha considerado que estas fórmulas caben en el ordenamiento legal. Y ese, precisamente ese, no aparece por ningún sitio. Dicho lo anterior, me atrevo a asegurar que el porcentaje de contratos públicos que no sigue la ley al pie de la letra supera el cien por ciento, si esto fuera posible. Sin duda. En todos lados. En todo momento. Es decir que, a mi entender, con este criterio, podemos detener sin mirar a quién, que si ha tenido relaciones con el poder político, seguro ha delinquido.
