El ‘caso Picnic’ no tiene juez que lo instruya. La causa que investiga la contratación a través del Imfof de una veintena de informadores medioambientales cuya única función era, en realidad, captar afiliados para UM, se ha convertido en una patata caliente que ahora deberá resolver el juez decano Francisco Martínez Espinosa. Hasta el momento tres jueces han intervenido en este caso. El titular de Instrucción número 8 de Palma, Antoni Rotger, fue quien ordenó los primeros registros, entre ellos, el que se llevó a cabo en la sede Unió Mallorquina, y que a posteriori supuso el principio del fin de esta formación. Posteriormente el juez suplente de Instrucción 12, José Francisco Pérez, tomó declaración a algunos de los imputados en esta causa, entre ellos, a Cristina Cerdó y Paula Cortés, en una jornada maratoniana que acabó con el fiscal solicitando una fianza para UM de 1,6 millones de euros por responsabilidad civil. Un hecho que llevó a su presidente Josep Melià a finiquitar la formación nacionalista y poner en macha Convergència per les Illes Balears. El tercero en discordia es Juan Ignacio Lope Sola, de Instrucción 2, quien ya investigó parte de los hechos que engloban el ‘caso Picnic’. Ninguno de ellos quiere hacerse cargo de la instrucción de este presunto caso de corrupción por lo que será finalmente el juez decano de Palma quién decida qué juzgado lleve la causa.
