La denunciante que destapó el ‘caso Peaje’ y quien puso en conocimiento de los investigadores las presuntas irregularidades que se produjeron durante la ejecución del desdoblamiento de la carretera Palma-Manacor, Magdalena M., ha manifestado ante la jueza instructora que se enteró "por rumores" de estas supuestas ilegalidades, cometidas en forma de supuestos desvíos de fondos públicos y materiales a obras privadas que fueron facturadas como si se tratasen de trabajos de la antigua C-715. La que entre 2004 y 2008 fuera contable de la UTE encargada de los trabajos de la vía ha aseverado que fue a través de comentarios de trabajadores de la unión de empresas como tuvo constancia de la existencia de facturas de elevados importes, que según las pesquisas estarían relacionadas con obras que se habían efectuado a nivel particular con cargo al presupuesto de la UTE, según han informado fuentes jurídicas a Europa Press. Unas manifestaciones que contrastan con las que vertió en dependencias de la Jefatura Superior de Policía, donde apuntó que mientras supervisaba diversas facturas en su puesto de trabajo se apercibió de la presencia de unos albaranes que le resultaron "extraños" por sus elevados importes. Es más, señaló que tenía en su poder fotocopias de las mismas, que posteriormente entregó a su ex marido Gabriel R. Sin embargo, en su comparecencia ante la titular del Juzgado de Instrucción número 5, Ana San José, la testigo, que ha permanecido durante todo el interrogatorio acompañada de un carrito de bebé, ha negado disponer de estas copias e incluso que hallase en su día tres carpetas relacionadas con el ex ingeniero jefe de Carreteras del Consell, Francisco Orejudo, el ex celador insular de Carreteras, Gabriel Mestre Mestre, y el ex director insular de Carreteras, Gonzalo Aguiar, sino que fue su ex marido quien le habló de ellas. Según la versión que dio en Policía, estas carpetas contenían todas las facturas de las obras que se habían realizado a través de la UTE en los domicilios de estos encausados. Por si fuera poco, cuando le han exhibido los folios relativos a las dos declaraciones que efectuó en sede policial, Magdalena M. ha asegurado que una de ellas, la referida a listados de ingresos y pagos de la Agencia Tributaria, no es suya. Finalmente, ha afirmado que fue su ex pareja, que también depuso en Policía, quien le instó a acudir a estas dependencias para prestar declaración. Cabe recordar que en la Jefatura Superior detalló de forma pormenorizada las diversas facturas, entre ellas una de 215.000 euros de la empresa Electrohidráulica -perteneciente a la UTE- y que no se correspondía a ningún trabajo de la obra sino a trabajos de instalación eléctrica que se estaban efectuando en el domicilio de Orejudo. También el nombre de Mestre aparecía entre las facturas al haberse facturado a la UTE un pozo levantado en su domicilio, según dijo entonces.
