La titular del Juzgado de Instrucción número 5, Ana San José, ha decretado una fianza de responsabilidad civil que asciende a 600.000 euros para el ex ingeniero jefe de Carreteras, Francisco Orejudo, y otros cuatro imputados del ‘caso Peaje’, que investiga un presunto desvío de fondos públicos durante la ejecución del desdoblamiento de la carretera Palma-Manacor así como la supuesta utilización a nivel particular de materiales destinados a estos trabajos. Así lo han informado fuentes jurídicas a Europa Press, que han precisado que esta caución también ha sido impuesta a la compañera sentimental de Orejudo, Mónica Florit, los constructores Bartomeu y Sebastià Cloquell, y el jefe de producción de la UTE que se encargó del desdoblamiento de la antigua C-715, Javier Navarro, quienes deberán hacer frente de forma conjunta a esta cantidad a fin de garantizar las responsabilidades pecuniarias que puedan derivarse de su presunta implicación en los hechos investigados. Para ello, disponen de un plazo de 24 horas y, en caso de que no puedan abonar la fianza en este periodo de tiempo, se les requerirá que designen sus bienes hasta cubrir la cantidad fijada por la magistrada para que puedan quedar posteriormente embargados, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 597 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Precisamente, estos cinco encausados aparecen presuntamente implicados en el levantamiento de una vivienda como templo de meditación de la asociación Pachi Tanglang en Búger y que presuntamente fue construida con fondos públicos sobre un terreno propiedad de Florit. Sin embargo, los imputados de la causa niegan este desvío de dinero y defienden que la instalación fue construida mediante las donaciones de los socios, cuyo importe asciende a 300.000 euros. Sin embargo, la magistrada se ampara en un reciente peritaje que cifra el valor de la edificación en 699.087 euros, lo que hace "no creíbles" sus alegaciones, sobre todo "si se atiende a que las supuestas donaciones que han recibido para construirla, únicamente en metálico, han sido aportaciones de dinero muy importantes, sin que exista rastro contable alguno ni reflejo bancario a través de los correspondientes extractos". En relación al papel jugado por los imputados, asevera que Navarro "daba por buenas" las facturas que presentaban los industriales que participaron en las obras, entre otros los hermanos Cloquell, quienes realizaban la construcción de los muros de la finca y a su vez subcontrataban con otros constructores las restantes obras para efectuar la construcción de la casa. "Todo ello siguiendo las órdenes de Francisco Orejudo, que se aprovechaba del cargo que ocupaba, y de Mónica Florit", añade la instructora. FACTURAS CARGADAS A LA UTE El auto señala además que existen diversas facturas expedidas por los Cloquell, defendidos por el abogado Llorenç Gomila, por unos importes que superan los 500.000 euros, que "son totalmente inconcretas" y que, indiciariamente, habrían sido cargadas y pagadas por la UTE adjudicataria del desdoblamiento. Es por ello que deduce que estas facturas se habrían utilizado para "ocultar" determinados gastos de construcción de la edificación particular de Orejudo y Florit, ambos asistidos por el letrado Gabriel Garcías. La magistrada fija de este modo en 600.000 euros la fianza a abonar, teniendo en cuenta que los gastos de construcción de la vivienda ascenderían a 500.000 euros y que su valor rozaría los 800.000. Cabe recordar que esta causa se inició a raíz de la querella que interpuso el Ministerio Fiscal contra 16 ex altos cargos del Consell de Mallorca y empresarios en marzo de 2009 como consecuencia del supuesto desfase de 23 millones de euros que se habría producido sobre los 140 millones inicialmente presupuestados para el proyecto, que corrió a cargo de la UTE Desdoblamiento C-715 (integrada por las empresas Melchor Mascaró, Electro Hidráulica, Obras y Pavimentos MAN, Aglomsa, Itinere Infraestructuras, MAB y Sacyr). Según consta en la denuncia, los imputados podrían haber incurrido en los delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación, cohecho y falsedad en documento mercantil. Sin embargo, algunos de los encausados han negado un desvío a fines particulares y que el desfase repercutiese en las arcas del Consell, al defender que la adjudicación de los trabajos recayó en manos de la empresa Pamasa y fue posteriormente cuando esta sociedad subcontrató las obras a la UTE.
