La Sindicatura de Cuentas ha determinado que el contenido del anuncio publicado en prensa para la adjudicación de un edificio en el polígono de Son Rossinyol cumple "de forma razonable" con el principio de publicidad, si bien no queda garantizada la confidencialidad de las ofertas, lo que afectaría a la no discriminación e igualdad de trato. El informe de la Sindicatura, emitido después de que el PP solicitase "de manera urgente" una fiscalización del contrato entre CAIB Patrimoni y Can Font para esclarecer las circunstancias en las que se llevó a cabo esta operación de arrendamiento, también refleja que hubiese sido más adecuado que el anuncio publicado en prensa, en lugar de incluir un número de teléfono, incorporase también una referencia al precio del contrato y la indicación de la ubicación en la que encontrar toda la información. Los resultados de la fiscalización indican que el contrato "cumple las condiciones mínimas indispensables para considerarlo adecuado a la normativa vigente", a excepción de algunas actuaciones, como por ejemplo las preparatorias, que tendrían que haber incorporado una definición previa detallada de las necesidades, y éstas haber sido descritas antes del inicio de las actuaciones para elegir al contratista. Además, la Sindicatura señala que se tendría que haber incorporado un documento de la Dirección General de Patrimonio en el que se justificase que no se disponía de un espacio que se ajustase a las solicitudes por parte de las Consellerias de Medio Ambiente e Interior. También reclama un estudio en el que CAIB Patrimoni SAU analizase las diferentes opciones para dar respuesta a las solicitudes y al coste. El informe lamenta además la inexistencia de un documento que garantice la financiación de la operación y que no conste la aprobación del acta por la cual el Consejo de Administración de CAIB Patrimoni acordó la obtención de un inmueble en régimen de alquiler o alquiler con opción a compra y se faculta al gerente para que realice las operaciones necesarias para conseguirlo. DIFERENCIAS SOBRE LAS PLAZAS DE APARCAMIENTO Por otra parte, remarca que el número de plazas de aparcamiento que figuran en este acuerdo del Consejo de Administración son 100, cuando las peticiones de las Consellerias son 150 para el departamento de Medio Ambiente y un número adecuado para el de Interior, "sin que conste el motivo de esta diferencia". En cuanto a la adjudicación del contrato, la Sindicatura de Cuentas apunta que tampoco se informa con anterioridad de los criterios de valoración que regirán en la elección de la oferta, sino que éstos se aplican directamente en el informe que hace el gerente, una vez conocidas todas las ofertas. En este sentido, explican que para la valoración de las propuestas únicamente se tienen en cuenta los importes presentados en concepto de alquiler, y no los de opción a compra, las tasas de actualización o las hipotéticas indemnizaciones. INFORME TÉCNICO DE CONCLUSIONES "RAZONABLES" Si bien creen que las conclusiones del informe del gerente se pueden considerar "razonables" al no haber una regulación en esta materia, indican que algunos aspectos como el importe del contrato, su duración o la falta de criterios establecidos a priori, tendría que haber sido "más adecuado que la elaboración del informe técnico sobre la oferta más favorable la realizase un órgano o entidad especializada". En relación a la ejecución del contrato, apuntan que, pese a que éste se firmó el 26 de enero de 2010, los de subarriendo que garantizan la financiación, no se materializaron hasta el 1 de mayo de 2010. Además, la Sindicatura de Cuentas destaca también que no está suficientemente acreditado en el expediente las modificaciones que producen en el contrato de compromiso del alquiler y en su precio, a raíz de las necesidades de las Consellerias. Asimismo, tampoco está documentada la forma en la que se calcula la incorporación de este mayor coste. EQUIPAMIENTOS ADQUIRIDOS POR 209.000 EUROS El informe también hace hincapié en que antes de la ocupación del inmueble por parte de CAIB Patrimoni se adquirieron diversos equipamientos relacionados con las telecomunicaciones por 209.640 euros, una cantidad no incluida en el contrato inicial ni en la modificación posterior, que se abonó en mensualidades durante febrero y marzo de 2010, y "no consta ninguna actuación que apoye esta contratación". Tampoco figura la inscripción del contrato de opción de compra en el Registro de la Propiedad, documentación que se encuentra en poder de la notaría. Cabe recordar que el pasado 8 de junio se instó a la Sindicatura a fiscalizar este contrato puesto que para el PP la contratación se vio envuelta en diversas "irregularidades", como la "falta de publicidad y concurrencia" de la oferta, además de "falta la publicación del obligado perfil del contratista", tal y como indicó el diputado 'popular' José María Rodríguez. Asimismo, incidió en que "no se puso en marcha el expediente hasta que el adjudicatario no hubo realizado la escritura de obra nueva, a pesar de que hacía un año que la Conselleria de Medio Ambiente había tramitado su petición de espacio". El pleno del Parlament de esa misma jornada aprobó, a propuesta del PP, la creación de una comisión no permanente para que investigase el contrato de alquiler suscrito entre CAIB Patrimoni y Can Font para la obtención del edificio en el que ubicar parte de las dependencias del Govern. Esta iniciativa contenida en una moción del PP, fue sacada adelante con el apoyo del PSIB y Bloc y la abstención de UM puesto que, según explicó su presidente, Josep Melià, no votó a favor al considerar que la constitución de dicha comisión es "una maniobra para generar dudas" en lugar de ser "una herramienta para la transparencia".
