Juan Carrau, fiscal jefe Anticorrupción de Baleares; Adrián Salazar, fiscal Antidroga de Baleares; y el juez José Castro, que instruye el ‘caso Palma Arena’, han sido denunciados ante la Agencia Estatal Administrativa Tributaria por presunto delito de fraude a la Hacienda Pública. El denunciante es el Sindicato Manos Limpias, en nombre de su presidente Miguel Bernard. La denuncia viene motivada por una información exclusiva del rotativo La Gaceta, en la que se daba cuenta de supuestas irregularidades en la compra de propiedades de los tres denunciados. Adrián Salazar declaró un chalé y su parcela en la urbanización Nova Santa Ponsa de Calviá (Mallorca) en 500.000 euros cuando un banco lo tasó, a efectos de concesión de hipoteca, en 1.436.000 euros. Juan Carrau ha sido denunciado por escriturar un sobreático con un coste de 54.000 euros cuando había sido valorado en 117.500 euros. Por último, y siempre según el rotativo del grupo Intereconomía, José Castro escrituró su vivienda y un solar del barrio de El Molinar (Mallorca) por 163.625 euros. Un año después el banco cifró dicha propiedad en 329.007 euros. INFRACCIÓN DE OCULTACIÓN DE DATOS Según Manos Limpias, y a tenor de lo preceptuado en el art. 184 de la Ley General Tributaria, se trata de una infracción de ocultación de datos con importes falsos. Según los artículos 191, 192 y 200 de la misma ley, se trata de infracciones muy graves, dada la cuantía de lo presuntamente defraudado. Como ya adelantara el periódico La Gaceta, Pedro Horrach, segundo fiscal Anticorrupción de Baleares, ya fue encausado ante la Fiscalía General del Estado por Manos Limpias. La denuncia la propició una información en la que se mencionaba cómo Horrach negoció la compra de un hotel valorado en 570.000 dólares en la península de Los Santos, en la costa pacífica de Panamá. A su vez, el denunciado se interesó también por la compra de una fábrica de alimentos, con un coste de 69.000 dólares, situada en Ramos Mejía, Buenos Aires (Argentina). La gestión para la compra de ambos negocios se hizo desde una IP (dirección desde la que opera el ordenador) del Ministerio de Justicia. En la denuncia, dice el periódico conservador, se adjuntan los correos electrónicos procedentes del ordenador del organismo público. Estos hechos, a juicio del sindicato que dirige Miguel Bernard, son constitutivos de falta muy grave por vulneración de incompatibilidades y prohibiciones, de acuerdo con la Ley 58/81 de 30 de diciembre, por la que se regula el Estatuto del Ministerio Fiscal. Horrach también fue denunciado por un presunto delito de fraude fiscal por la diferencia entre el precio de compra y las tasaciones que se dieron en la compra de un ático en Palma por 240.404,84 euros, y un chalé en la urbanización Son Baulo, en Can Picafort, por 180.000 euros. El banco valoró las viviendas en 332.234,39 y 313.000 euros, respectivamente.
