La Fiscalía Anticorrupción y la acusación particular ejercida por el Govern han pedido a la juez Piedad Marín, instructora del "caso Scala’, que abra juicio oral contra el ex conseller del PP, Josep Juan Cardona, el director general de Promoción Industrial, Kurt Viaene, la ex gerente del CDEIB Antonia Ordinas y el ex concejal de Lloseta, Felipe Ferré, principales imputados en esta causa. Así se recoge en sendos autos de más de cien páginas cada uno, en los que Juan Carrau y María íngeles Berrocal –letrada de la Comunidad Autónoma- solicitan a la juez que dicte un auto para transformar las diligencias previas de la causa a procedimiento abreviado, fase en la que ya podrán presentar sus escritos de calificación contra quienes aprecian indicios delictivos. En concreto a Cardona, Viaene, Ordinas y Ferré se les imputa la presunta comisión de seis delitos por los que se enfrentan a penas de entre 15 y 25 años de cárcel cada uno. A los ya conocidos de malversación de caudales públicos, fraude a la administración, falsedad documental, prevaricación y cohecho, se añade el de asociación ilícita. El resto de encausados son la administradora de Gabinete Alays y esposa de Ordinas, Isabel Roselló; el administrador de Gourmet and Boutique Islands y Comarca Global Consulting, Felipe Ferré -que confesó los hechos para colaborar con la justicia; el empresario de Calvií  Jaime Fernández Abad; el administrador de Taller Grafic Jaime Gil; el de Camino Export Sergio Pereletegui; el empresario de Comarca Arnoldus Mateo Van Den Hurk; el asesor jurídico que prestó trabajos para el CDEIB, Juan Enrique Riera; el administrador de Mercantiles NTC Consultores, Francisco García; el publicista Joan Rosselló; y los empresarios Antonio Munar, Pedro Veny, Manuel Carmelo, el presidente del PP de Formentera José María Alcaraz; Vicení§ Burguera, Crescencia Molina, Danielle Beamont, y Juan Company. De acuerdo a las investigaciones, la vía utilizada para desviar los caudales públicos fue la adjudicación de contratos directamente "sin observancia alguna de las normas del procedimiento" a sociedades en las que Cardona, Viaene y Ordinas tenían participación así como a personas próximas, quienes para ello les pagaban un porcentaje o comisión. Unas actuaciones que se produjeron bajo el papel "dominante" de Cardona en el funcionamiento y actividad del CDEIB.
