La Mesa Sectorial de Sanidad ha aprobado el decreto que exige la acreditación del conocimiento del catalán a los trabajadores sanitarios. Lo ha hecho sin ningún apoyo sindical. Donde se dice ninguno, es ninguno. Con el único soporte de los miembros de la administración y con el 75% por ciento de los votos en contra de los representantes sociales.
La exigencia de Mes se ha impuesto frente a los tibios, pero claros intentos de la consejería de salud de evitarlo. Una clara muestra de cómo algunas formaciones minoritarias imponen sus criterios. Un ejemplo diáfano, en el que la aplicación de postulados radicales y minoritarios se ha realizado sin diálogo, sin consenso y de espaldas al sentido común.
Se ha perdido la oportunidad de establecer unos requisitos lingüísticos parecidos a los del resto de comunidades autónomas. Una fórmula similar a la nada dudosa administración sanitaria del país vasco hubiera sido suficiente.
Las críticas salvajes y groseras desde la portavocía de Mes, cuando se presentó el anterior borrador, ya adelantaban este final. Las descalificaciones vertidas contra el servicio de salud y sus responsables no alentaban una posibilidad distinta.
Ante las presiones, se ha optado por el acatamiento, por la sumisión. Por ser más sensible a los susurros de los socios radicales que a los de los representantes profesionales. El camino que prioriza la lengua frente a la cualificación profesional ha triunfado.
Al fin y al cabo, gobernar pensando más en los socios que en los pacientes no deja de ser una opción. Poco deseable, pero en este caso la elegida.
