remanentes

El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, ha anunciado este miércoles que los 51,2 millones de euros del remanente del Presupuesto de 2023 se destinarán a "aumentar inversiones sociales, en los municipios y a modernizar las infraestructuras". El Pleno de este jueves dará luz verde a la modificación de crédito que permitirá incorporar al Presupuesto de 2024 esa cantidad, de la que el 60 por ciento estará dirigido a inversiones sociales y a los pueblos de la isla.

El Ayuntamiento de Calvià ha incorporado la cantidad de 3.016.000 euros procedentes de los remanentes, que se destinarán a partidas y a nuevas líneas de ayudas. Estos tres millones se suman a los dos que ya se incorporaron para ser orientados a las ayudas directas al sector productivo, que se convocaron a mediados de abril. Esta incorporación de crédito ya fue anunciada con ocasión de la presentación de los presupuestos municipales de 2021 y ha sido factible a partir de la suspensión de las reglas fiscales, aprobada en octubre de 2020 por el Consejo de Ministros.

El grupo municipal del PSIB en Sóller, actualmente en la oposición, ha pedido que se aplace una semana el pleno extraordinario convocado por la Comisión Informativa de Hacienda y Especial de Cuentas, que incluye el expediente para incorporar remanentes de tesorería. Los socialistas consideran "un auténtico fraude" que se facilitasen datos de esta tramitación "tan solo 48 horas antes" de la celebración de la sesión plenaria, prevista para este mismo viernes.

La presidenta del Consell, Catalina Cladera, ha alabado este sábado en la Asamblea de concejales socialistas de Mallorca, que los ayuntamientos podrán disponer de sus remanentes que "en el caso de Mallorca son más de 500 millones de euros" para hacer los presupuestos municipales e insulares.

El coordinador de Més per Mallorca y concejal de Palma, Antoni Noguera, ha calificado de "falta de respeto" del Gobierno español a los ayuntamientos que aún no haya regulado de qué forma pueden gastar los remanentes y aplicar la regla de gasto, en "una situación crítica".

La medida anunciada este miércoles por el Gobierno de suspender las reglas fiscales para todas las administraciones correspondientes a este año y el 2021 permitirá que los ayuntamientos puedan recurrir a sus remanentes de tesorería después de las reivindicaciones de los municipios para disponer de estos ahorros.

La alcaldesa de Alcúdia, Bárbara Rebassa, defiende en esta entrevista concedida a mallorcadiario.com que todos los ayuntamientos de Baleares tendrían que tener la capacidad de poder utilizar sus remanentes de tesorería para poder hacer frente a las necesidades que les demandan sus vecinos. En el caso concreto de Alcúdia, la situación es sangrante ya que cuentan con un remanente de 88 millones de euros en las entidades financieras que, al no poder utilizar este dinero, le está suponiendo al consistorio un desembolso en intereses de 150.000 euros "aunque el próximo año, esta cantidad será mucho mayor", señala la edil. Rebassa tiene claro que tienen que estar preparados para hacer frente a las necesidades vecinales ya que la crisis está afectando gravemente a todos los sectores de su municipio.

Alcaldes de todos los colores políticos, también algunos del PSOE, temen que la oferta de Hacienda para mejorar la liquidez de los ayuntamientos se quede en un "decreto de mínimos" que perpetúe los problemas de las entidades locales, y advierten de la importancia de estar presentes en la negociación.

El Ministerio de Hacienda ha decidido suspender la regla de gasto de la ley de estabilidad presupuestaria, de momento, para el año 2020, para que los Ayuntamientos puedan disponer de su superávit de los años 2018-2019 tal y como ha confirmado la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, en declaraciones a La Sexta.

El Grupo Popular en el Consell de Mallorca ha reprochado a la presidenta Catalina Cladera el "veto" al pleno para el debate sobre el uso de los remanentes y superávit de ayuntamientos y consells insulares.

Importante revés al Gobierno de Sánchez. El Congreso de los Diputados ha derogado este jueves el decreto ley de los remanentes municipales que había aprobado previamente el Ejecutivo. La votación ha sumado 156 síes y el resto, todo 'noes'. No ha habido ninguna abstención. Se trata del primer decreto ley del Gobierno de coalición que no avala el Congreso y la quinta en la historia de la democracia.

El Pleno del Congreso votará el próximo jueves, 10 de septiembre, el decreto ley que incluye el acuerdo de Hacienda y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para el uso de los remanentes municipales, una norma para la que el Gobierno sigue sin contar con los apoyos necesarios para sacarla adelante ante el rechazo unánime de la oposición.

La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha asegurado este lunes que mantener en los bancos los remanentes de tesorería fruto del superávit presupuestario acumulado en estos años cuesta a los ayuntamientos unos 70 millones de euros al año, únicamente en concepto de intereses.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, comparecerá este lunes por la tarde ante la comisión correspondiente del Congreso para explicar el acuerdo alcanzado con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) sobre el uso de remanentes, una comparecencia extraordinaria que fue aprobada por la Diputación Permanente.

El Partido Popular insiste en que hará todo lo que esté en su mano para impedir el "atraco a mano armada" al ahorro municipal tras aprobarse el acuerdo sobre los remanentes.

El presidente de la Generalitat, Quim Torra ha anunciado un recurso contra el Gobierno de Pedro Sánchez por "quedarse" remanentes locales.

El acuerdo mantiene la propuesta de transferir a los ayuntamientos 2.000 millones de sus remanentes este año y 3.000 millones el que viene, y se compromete a la devolución del cien por cien de lo entregado en diez años, a partir de 2022.