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Una rectificación que se queda corta

martes 15 de septiembre de 2020, 00:00h

Los ayuntamientos de Baleares calculan que podrán disponer de hasta un tercio de los 600 millones de euros que tienen acumulados por los superávits de los últimos siete años. El cálculo surge después de que el Gobierno central haya rectificado y prevea, ahora, un nuevo decreto por el que suspenderá la regla de gasto vigente desde 2013 para que los consistorios puedan disponer sólo de los superávits correspondientes al periodo 2018-2019.

Hacienda rectifica después de que, hace una semana, el Congreso tumbase su plan para hacerse -a cambio de un préstamo parcial- con los remanentes municipales, en una votación que sólo apoyaron PSOE y Podemos y que se convirtió en la primera derrota sonora de la actual mayoría de gobierno. Pero rectifica a medias; sin satisfacer las demandas municipales al cien por cien, ya que, por una parte, queda en el aire el uso de los remanentes de años anteriores y, por otra, no se concreta el establecimiento de los fondos extraordinarios pendientes que deben beneficiar a todos los ayuntamientos que, con superávit o sin él, han tenido que hacer frente a gastos imprevistos y a la pérdida de ingresos a causa de la pandemia.

Aunque resulte insuficiente, la suspensión de la regla de gasto es una buena noticia para los consistorios. La norma, impuesta por el departamento que entonces dirigía Cristóbal Montoro se incluía en la Ley de Estabilidad presupuestaria de 2013, cuando el país empezaba a salir de la anterior crisis y por imposición de Europa. En todo este tiempo -y sin que se haya modificado la regla-, los ayuntamientos españoles han acumulado hasta 15.000 millones de los que no podían disponer, 600 de ellos en las cuentas de los municipios baleares, con casos tan notorios como el del Ayuntamiento de Alcúdia, con más de 90 millones inmovilizados en el banco.

El modelo de financiación y la crisis actual exponen a muchos ayuntamientos a una situación económica que impide dar respuesta a las demandas de sus administrados -ciudadanos y empresas-, afectados por la crisis y, en muchos casos, en clara situación de vulnerabilidad. Por ello es necesario avanzar hacia la autonomía financiera de los consistorios, lo que implica posibilitar que puedan utilizar sus ahorros en función de sus necesidades reales. El paso dado ahora por Hacienda va en la buena dirección, pero debe completarse con acciones que - a diferencia del fracaso de la pasada semana- sean aprobadas por los consensos más amplios posibles. Si ha sido posible cambiar una postura que hace una semana se decía inamovible, nada impide seguir avanzando para beneficio de todos.


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