
La picaresca con las VPO llega hasta alquilarlas por 3.000 euros al mes
El Govern balear, a través de la Conselleria de Movilidad y Vivienda, ha impuesto un total de 86 sanciones por infracciones en materia de vivienda por un valor de 1,7 millones de euros en 2019. La mayoría de casos son por no vivir habitualmente en una Vivienda de Protección Oficial