El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Palma ha estimado íntegramente la demanda interpuesta por Restauración CAEB contra el decreto que el Ayuntamiento de Palma dictó en abril de 2019, según el cual los bares y restaurantes de La Lonja debían cerrar a las once de la noche. El decreto provocó una dura polémica con los establecimientos, que se veían obligados a cesar su actividad de forma temprana en plena temporada estival.
Ahora, casi dos años después, la justicia ha dado la razón a los empresarios en una sentencia que de forma contundente declara nula la decisión municipal y abre el camino a la reclamación de importantes indemnizaciones en favor de los establecimientos afectados. Durante meses, bares y restaurantes de esta zona vieron disminuir sus ingresos por una decisión municipal que, en la práctica, vetaba la posibilidad de dar servicio de cenas en una de las zonas más turísticas de la capital.
La sentencia confirma que el Ayuntamiento de Palma no actuó de manera legal, imponiendo una restricción horaria a golpe de decreto, con nula transparencia y sin atender el procedimiento administrativo válido para ello. El recurso interpuesto en su día, para evitar el cierre de locales y el despido de más de 70 trabajadores, señalaba que Cort no había seguido los trámites establecidos en la Ley de Administraciones Públicas, entre ellos la obligatoriedad de presentar un informe previo por parte de la Policía Local.
Como resultado del empecinamiento municipal -alentado por unos pocos vecinos que demostraron tener más ascendencia sobre Cort que los emprendedores locales-, las terrazas quedaron vacías y los restauradores emprendieron, primero, una campaña pública -"Sí a las terrazas en la Lonja"- que no consiguió abrir el diálogo con los responsables municipales y, después, el camino judicial que ahora les da la razón.
El varapalo judicial pone en evidencia la injusta actuación de Cort contra un sector que no parece estar entre las prioridades de los actuales responsables municipales. Como consuelo para los afectados queda el reconocimiento judicial de los argumentos esgrimidos y la posibilidad de reclamar indemnizaciones por los ingresos perdidos; unas indemnizaciones que saldrán de las arcas municipales y que vuelven a recordar la facilidad con que los representantes públicos adoptan decisiones -restricciones, expropiaciones, recalificaciones...- que no tienen en cuenta el bien general sino pequeños intereses sectoriales, o particulares, que no acaban pagando los políticos de su bolsillo sino todos los ciudadanos.
