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Un 7,5 por ciento de los trabajadores de residencias de Baleares se ha negado a vacunarse
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Un 7,5 por ciento de los trabajadores de residencias de Baleares se ha negado a vacunarse

martes 09 de marzo de 2021, 14:20h

La vacuna ha logrado blindar al colectivo más vulnerable frente al coronavirus desde el inicio de la pandemia: los ancianos de residencias. A falta de seis días para que se cumpla un año del primer estado de alarma por el estallido de la pandemia, los centros de mayores son a día de hoy los puntos más seguros del país debido a la inmunidad de rebaño adquirida. Sin embargo, no todos los residentes ni trabajadores de Baleares han aceptado ponerse la vacuna. Según el último balance de la conselleria de Salut al que mallorcadiario.com ha tenido acceso, un total de 381 profesionales y 66 ancianos de las islas han rechazado inocularse la solución.

Por islas, Mallorca es la que mayor número de trabajadores y residentes han rehusado las dos dosis aunque porcentualmente es el caso de Ibiza el que destaca más.

Así, la isla mayor suma 27 ancianos y 241 trabajadores de residencias (6,3 por ciento del total) sin vacuna, mientras que la mayor de las Pitiusas cuenta con 25 residentes y 130 trabajadores (22,3 por ciento) que se han negado a ponérsela. Por su parte, los mayores de residencias de Menorca que no se han inyectado la solución ascienden a 14 (3.6 por ciento del colectivo de la isla) y los trabajadores, a diez (un 1.6 por ciento).

De este modo, las cifras de profesionales arrojan un total de 381 sin vacunar, lo que representa un 7,5 por ciento del total de este sector (alrededor de 5.000 trabajadores).

Todos ellos, ya sean usuarios o profesionales sanitarios, administrativos, limpieza o cocina, han tenido que rechazar de manera oficial la administración de la vacuna después de ser citados por el Servei de Salut, es decir, han dejado constancia de su negativa a inocularse las dos dosis de Pfizer. Sólo "a efectos de información general" se les ha podido preguntar el motivo de su rechazo aunque esa información no trasciende. "No es una cuestión de mala organización o de errores en la cadena de comunicación: aquí el que no se ha vacunado es porque no ha querido", puntualizan desde la conselleria a este medio.

Cabe recordar que este colectivo ha sido el primero en recibir la vacuna y lo han hecho con la de Pfizer, del tipo ARNm que necesita mantenerse a muy bajas temperaturas. Para que confiera inmunidad son necesarias dos dosis separadas al menos 21 días.

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UN VIRUS ESPECIALMENTE LETAL ENTRE LOS MÁS MAYORES INSTITUCIONALIZADOS

Para entender la importancia de la vacuna en estos centros, conviene subrayar el número de contagios registrados desde el inicio de la pandemia (2.307 casos) y sobre todo, el carácter letal de la Covid entre los mayores institucionalizados: 259 muertos de las 733 víctimas mortales de Baleares, un 35 por ciento del total.

Concretamente, de los 1.415 contagios registrados entre residentes, 1.156 consiguieron superar la enfermedad (un 82 por ciento) mientras que el resto perdieron la vida.

Por su parte, los profesionales de estos centros también han sido uno de los sectores más golpeados con 892 contagios aunque en su caso, no ha habido que lamentar ninguna muerte.

Ahora, con la vacuna administrada y superados los 10 días desde la segunda dosis, los resultados positivos son evidentes: hay cero usuarios con el contagio activo y cero usuarios ingresados por el SARS-CoV-2. Tan sólo hay 9 trabajadores en vigilancia o contagiados, una cifra irrisoria en comparación con los datos registrados en los periodos álgidos de la primera, segunda y tercera ola de coronavirus.

LA VACUNA: ¿OBLIGATORIA?

Muerte y miedo frente a inmunidad de rebaño. Son las dos caras de la moneda, que abren de nuevo el debate sobre la obligatoriedad de las vacunas al menos en estos centros.

Desde el Govern recuerdan que sólo en circunstancias muy determinadas y por causas de riesgo grave para la salud pública podría obligarse a una persona a inocularse la solución y en ese caso, debería ser mediante intervención judicial, pero a día de hoy dicho extremo no está contemplado.

De momento, Galicia es la primera comunidad que ha modificado la Ley de Salud autonómica para perseguir distintas infracciones sobre la salud pública, entre ellas, la negativa "injustificada" a la vacunación "prescrita por las autoridades sanitarias". En ese caso, las multas serían de hasta 60.000 euros, "cuando se produzca un riesgo o daño muy grave para la salud de la población".

La medida, por tanto, no obliga a la población gallega a vacunarse pero sí sirve para ir poniendo los cimientos en caso de que esta se declare obligatoria por parte de la administración del Estado que es quien tiene competencias al respecto.

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