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El Gobierno transfiere a Canarias la competencia de Costas
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El Gobierno transfiere a Canarias la competencia de Costas

Por José Luis Crispín
martes 13 de septiembre de 2022, 16:30h

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Mientras que Baleares continúa a la espera de que el Gobierno central dé el visto bueno este año al traspaso de competencias en Costas, Canarias contará con esta competencia a partir de enero de 2023, tal y como ha publica el BOE este lunes de 12 de septiembre. Con esta competencia, el archipiélago canario se encargará de gestionar actuaciones en materia de uso de playas, autorizaciones de tránsito y acceso al mar, así como control económico de las ocupaciones marinas y la planificación y ejecución de los proyectos de obras del litoral.

El pasado mes de mayo, la portavoz del Gobierno central, Isabel Rodríguez, se comprometió en Palma a que antes de que finalizase el año, se haría realidad la transferencia en materia de Costas y que su visto bueno depende de solucionar "determinados y complejos trámites", según Rodríguez.

Este lunes, El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado el traspaso de competencias a Canarias en materia de ordenación y gestión del litoral que tendrá efecto a partir del primero de enero de 2023.

El traspaso de Costas implica numerosas asunciones para el archipiélago canario, aunque el Estado se reserva un conjunto de competencias que salvaguardan el interés del Estado en determinadas materias competenciales.

Según el BOE y una vez hecha efectiva la competencia en Costas, el gobierno canario tendrá potestad sobre autorizaciones de usos de temporada en las playas y en el mar territrorial, en concretro, sobre usos como zonas de fondeo, pantalanes flotantes y otros usos análogos. Además, también será competente en la gestión y autorización en zonas de servidumbre de tránsito y acceso al mar, y en la vigilancia y aplicación de las sanciones que correspondan.

El traspaso de Costas también prevé que Canarias podrá ejecutar las concesiones demaniales así como la gestión de ingresos que se devenguen por las ocupaciones o cánones.

Canarias podrá actuar ante actuaciones derivadas de vertidos al dominio público-terrestre así como la vigilancia, tramitación e imposición de sanciones ante posibles incumplimientos de las concesiones demaniales. Por último, Canarias podrá participar en la planificación y programación de obras de interés general en el litoral canario.

No obstante, el Estado se reserva una serie de competencias que no son transferidas a la comunidad autónoma de Canarias como la función de emitir un informe preceptivo en relación a la garantía tanto de la integridad física como del uso del dominio público marítimo-terrestre. Además, también se asegura la posibilidad de fijar el importe de los cánones de ocupación del dominio público-terrestre y de ejercer la titutalridad sobre los derechos económicos devengados de su utilización.

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