El panorama político en Estados Unidos ha entrado en un punto de inflexión después de que la Administración de Servicios Generales (GSA) haya comunicado al equipo del presidente electo, Joe Biden, el inicio del proceso administrativo que ha de dar lugar a la transferencia de poderes entre el actual gabinete en funciones, presidido por Donald Trump, y el futuro gobierno demócrata.
En la práctica, esta comunicación oficial de la GSA supone que este organismo considera ratificados los resultados electorales y que, en consecuencia, otorga su autorización para que ambas administraciones, la entrante y la saliente, trabajen coordinadamente para concretar el traspaso de funciones.
Hasta el momento, la GSA no había emitido ninguna resolución de estas características a pesar del largo tiempo que ya ha transcurrido desde que Biden derrotó en las urnas a su oponente republicano y actual presidente en funciones, Donald Trump.
En los sectores políticos, este paso hacia delante de la GSA se interpreta como el principio de la claudicación de Trump ante los resultados electorales y el inicio de aceptación de una derrota que el que ha sido inquilino de la Casa Blanca durante estos últimos cuatro años sigue negándose a asumir por completo.
De hecho, Trump no ha cesado en su batalla judicial por impugnar los sufragios que otorgaron la victoria a su rival demócrata, y hasta el momento ha presentado ya 22 recursos legales, de los cuales 21 han sido rechazados por los tribunales de Justicia.
De esta manera, en estados como Wisconsin y Georgia, los nuevos recuentos forzados por la maquinaria legal de Trump han confirmado el triunfo de Biden. En las últimas horas, el equipo del presidente en funciones ha forzado una nueva solicitud de recuento de votos, en esta ocasión en Pensilvania, pero también en este caso los indicios apuntan a que Trump verá nuevamente frustradas sus expectativas.
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