El alcalde socialista de Lloseta, Bernat Coll, dos de los actuales regidores del consistorio, Joan Coll, Maria Alemany y el ex regidor Pere Joan Martorell, han sido enjuiciados en el Juzgado Penal número 6 de Palma por la concesión irregular de determinadas licencias. Y sorprendentemente han salido mucho peor de lo que entraron. Lo que solo debía ser, en el peor de los casos, una prevaricación administrativa castigada con pena de inhabilitación, se ha transformado en un asunto intrínsecamente grave. El súbito agravamiento de la situación se ha producido tras la práctica en el acto de juicio oral, de los interrogatorios a los acusados, quienes lograron "horrorizar" a la magistrada Margarita Beltrán. Habrá que advertir que tal cosa no es fácil en absoluto si tenemos en cuenta que esta jueza fue presidenta de la sección de la Audiencia Provincial que juzgó por primera vez al expresidente Jaume Matas en el primer juicio del caso Palma Arena y que le condenó a 6 años y medio. Tras aquella sentencia, en marzo de 2012 y tras ejercer 17 años como magistrada en la Audiencia, solicitó una plaza de inferior categoría para ganar en tranquilidad. Por tanto, que alguien con la veteranía y el aplomo de Margarita Beltrán se muestre horrorizada por el desprecio absoluto por la Ley con el que los miembros del consistorio llosetense tomaban sus decisiones, es premonitorio de lo que reflejará la sentencia. De entrada, la Fiscalía ha agravado notablemente la calificación delictiva y ha pedido penas de 34 meses de prisión por dos delitos contra la ordenación del territorio que se suman a los cuatro delitos de prevaricación para los que se piden 27 años de inhabilitación, lo que puede concluir con un alcalde del PSIB condenado a pena de cárcel mientras aún dura su mandato y exhibe la vara de mando municipal.
Ante esto la dirección del PSIB no se pronuncia, lo que es absolutamente inaudito. Veremos lo que sucede en la sentencia de la jueza Margarita Beltrán, pero al margen del aspecto jurídico es necesario un pronunciamiento político por parte de la formación política a la que pertenecen los acusados. El mutismo absoluto no es una determinación aceptable. El PSIB no debería olvidar que en escasamente 4 cuatro meses hay elecciones municipales, en Lloseta, en toda Mallorca y también en Baleares. La situación en que quedan los socialistas y particularmente su líder, Francina Armengol, es francamente negativa si no sale a dar la cara y explica a la opinión pública qué acciones llevará a cabo con respecto a los miembros de su partido que han declarado haber actuado al margen de la Ley.
El abogado defensor de los ediles socialistas, Gabriel Garcías, en su alegato final sostuvo que "¡Lloseta no es Nueva York!". Sin embargo parece que Bernat Coll creyó que Lloseta era Cottownwood Springs, en el Estado de Texas (EEUU), donde se desarrolla la película de Don Siegel de 1970 "La Ciudad sin Ley". Un desprecio por la Ley que puede costarle muy caro.
