Durante la legislatura pasada, desde la Conselleria de Transición Energética, Sectores Productivos y Memoria Democrática, dirigida por el vicepresidente del Govern, Juan Pedro Yllanes, se afirmaba reiteradamente, con gran orgullo y autocomplacencia, que Baleares lideraba el despliegue e integración de energías renovables, destinando más recursos que nunca en subvencionar proyectos de transición energética y lucha contra el cambio climático, gracias a los ingentes fondos provenientes de la Unión Europea, como los Next Generation, que habían de servir para modernizar nuestra economía y apuntalar los servicios públicos de los países más afectados por la pandemia de la Covid-19.
Sin embargo, la realidad es otra muy distinta. Hay un atasco administrativo colosal, con 13.194 expedientes pendientes de tramitación: 12.020 solicitudes de subvención y otros 1.174 proyectos pendientes de abonar, donde los beneficiarios ya adelantaron el dinero para llevar a cabo la instalación de las placas fotovoltaicas y otros medios de reducción del consumo energético y de consumo de CO2. La descomunal demora acumulada en la gestión de las subvenciones se remonta al año 2021, lo que da idea del agujero negro ante el que se halla la Administración autonómica. Algo que los anteriores gestores se cuidaron mucho de decir y ante quienes todo éxito era poco.
Un buen número de los proyectos que están pendientes de tramitación sobre la mesa de la Conselleria de Empresa, Ocupación y Energía del Govern, corresponden a solicitudes de ciudadanos particulares, comunidades de vecinos y pymes, que sufren dificultades por la ineficiencia de la Administración en la gestión de unos fondos que, aun siendo de importes elevados, no están llegando a los solicitantes con la fluidez que sería deseable. Que desde 2021 sólo se hayan adjudicado el 26 por ciento de las subvenciones solicitadas da idea del brutal embudo burocrático existente, del que cabe responsabilizar al exvicepresidente Juan Pedro Yllanes.
