El Govern de les Illes Balears ya tiene listo un primer borrador de Ecotasa, que esta vez se denominará Impuesto de Turismo Sostenible para evitar comparaciones con el controvertido proyecto que tantos quebraderos de cabeza trajo al presidente Francesc Antich y al conseller de Turismo Celestí Alomar durante el primer Pacto de Progreso y que estuvo en vigor tan solo desde mayo de 2002 hasta octubre de 2003. Ayer mismo fue presentado en la capilla del Consolat de Mar por la presidenta Francina Armengol, el vicepresidente y conseller de Turismo, Gabriel Barceló, y la consellera de Hacienda, Catalina Cladera.
La falta de recursos económicos que padece el Ejecutivo autonómico para hacer frente a la deuda de la comunidad autónoma, al sostenimiento de los servicios públicos y a los compromisos electorales contraídos por los partidos de izquierdas que dan apoyo al Govern, es manifiesta. De ahí que pese al anuncio de que se tratará de un tributo finalista, las dudas al respecto sean muchas a la vista de los antecedentes que tienen los dos partidos que integran el Govern (PSIB y Més). Cabe recordar que en la legislatura 2007-2011, estas mismas formaciones que entonces conformaban el segundo Pacto de Progreso, no dudaron en dedicar mucho dinero de inversiones finalistas a gasto corriente, con la excusa de la caja única. Es lógico pensar que ahora aquello pudiera repetirse.
Es evidente que este impuesto, que también tendrán que pagar los residentes, afectará a la competitividad del motor económico de Balears, la industria turística. La demostración es muy clara y la sirve en bandeja tanto Armengol como Barceló cuando piden que no se dramatice la aplicación del gravamen, pues ya se aplica en muchos lugares y tampoco significa tanto para el bolsillo de los turistas. En efecto, que Balears no cobrase ningún impuesto turístico y algunos competidores sí lo hicieran, jugaba a favor de nuestra oferta. Este aliciente ahora se perderá, lo que conlleva una evidente pérdida de competitividad.
El Govern sigue una hoja de ruta trazada de antemano y pese a sus esfuerzos por hacer creer que busca el consenso, está imponiendo un "trágala" al sector turístico, obligando a los hoteleros (pequeños, medianos, grandes, agroturismos, albergues, etc) a ejercer de recaudadores y llegando al punto de hacer pagar el impuesto incluso a los cruceristas que no pisen tierra, lo que es muy poco menos que escandaloso.
El borrador presentado ya ha desatado la polémica, pues incluso organizaciones afines a los partidos que integran el Govern, como la entidad ecologista GOB, lo critican con dureza pues no está claro en qué se invertirá lo recaudado. También Podemos crítica el proyecto. La CAEB y la Federación Hotelera de Mallorca lo consideran un error pero se muestran dispuestos al diálogo, en un ejercicio de responsabilidad que hay que reconocer.
No cabe duda de que el Ejecutivo ha emprendido el camino de la imposición de medidas unilaterales sin reflexionar sobre las consecuencias que la nueva Ecotasa tendrá sobre la industria turística balear, lo que es profundamente irresponsable. En lugar de actuar sobre el gasto público lo hace sobre los ingresos, lo que significa más impuestos. El impuesto sobre las estancias anunciado ayer no será el único. Por si fuera poca la presión fiscal que soportan los ciudadanos de Balears.
