Apenas ha trascurrido año y medio, coincidiendo con el inicio de la legislatura, desde que se apagaron los comentarios sobre la idoneidad de mantener una institución insular, que me atrevo a poner en cuestión visto lo que han establecido como catálogo de prioridades.
No es necesario acudir a la hemeroteca para recordar cuántas voces se alzaron contra la pervivencia del Consell de Mallorca, entre otros motivos porque no tenía sentido que se mantuviera un organismo tan próximo geográficamente al Govern. La afirmación era tan etérea como cuestionar el mantenimiento del consistorio, incluso de la propia Comunidad de Madrid, donde tienen su sede la mayoría de ministerios. Lo que debe clarificarse, de una vez por todas y antes de seguir abordando la transferencia de nuevas competencias e incluso su financiación, es el papel que debe desarrollar en el contexto que le confiere la nueva Ley de Consells, más complejo que la supramunicipal que le otorgaba la Ley de Bases de Régimen Local. Una razón de ser que, en estas fechas, parece más confuso y alejado de sus contribuyentes que nunca.
Su presupuesto para 2017, aprobado con algún síntoma de descomposición interna, se ha incrementado un 6,2% sobre el que ya había elevado sus partidas de gasto en más de un 8% respecto del año anterior. Gran parte de los más de 400 millones de euros se destinarán a funciones compartidas con otros niveles de la administración y no pocos se dedicarán a cuestiones tan insustanciales como impulsar la Diada de Mallorca o etiquetar con Ramón Llull el aeropuerto de Palma.
No es motivo de esta reflexión abordar las razones que se esgrimen para el cambio de fecha de la festividad insular, pero sí la oportunidad de la medida. Dar prioridad a unos fastos, cualquiera que sea el motivo de la conmemoración, por aquellos que llegaron al poder porque el pueblo no estaba para fiestas es, como poco, una boutade. Si además responde aparentemente a la falta de arraigo del día en el que recordamos el juramento por Jaume II, en 1276, de la Carta de franquezas y privilegios del Reino de Mallorca, resulta inverosímil que no se atienda a un mínimo consenso para lograr el éxito y la sostenibilidad del calendario alternativo. Siquiera los que siempre exigieron pactos cuando estaban en la oposición han logrado ponerse de acuerdo, sin intercambiarse cromos que pagamos entre todos.
Casi me alegro de que el ejecutivo que preside Francina Armengol siga sin abonar la deuda histórica que arrastra con los Consells desde hace dos legislaturas y que supera los 140 millones de euros, si van a servir para que Miquel Ensenyat haga realidad su ocurrencia de rebautizar el aeropuerto internacional de Son Sant Joan, cuando no hay dinero ni para adecuar el enorme rótulo de la terminal a la nueva nomenclatura de la ciudad, tras el también imprescindible cambio de registro en la Ley de Capitalidad. Además, el ingenio del político nacido en la británica Banbury al tratar de justificar el homenaje al místico mallorquín “porque rompe con el sol y la playa, además de que muestra que tenemos una cultura riquísima”, prueba que se consigue más notoriedad con el absurdo que mediante la pedagogía. Ya bastaría con que sus actuales paisanos hubieran descubierto al beato palmesano por algo más que por ser uno de los pioneros en el uso del catalán escrito y le conozcan mejor hasta los asesores del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte que preguntaron por su sueldo en la Universidad.
Con la venia que me concede el cambio de año, que les deseo en paz y prosperidad, me permito darle un consejo al presidente insular: si quiere que sus socios no se le suban a las barbas y se frote las manos la oposición, no se meta en más charcos ni en viajes prescindibles y ejerza las funciones por las que cobra o nos dará razones para dudar a los que aún creemos que debe reforzarse el Consell de Mallorca.
