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Un decretazo que complica el acceso a la vivienda

miércoles 25 de enero de 2023, 00:00h

El Pacte sacó adelante este martes la aprobación del decreto ley para contener el crecimiento urbanístico en la comunidad; una norma que permitirá proteger el entorno pero que puede tener efectos muy nocivos en el mercado de la vivienda, que es en la actualidad uno de los mayores problemas -si no el más grave- que sufren los ciudadanos de las Islas.

El decreto urbanístico del gobierno de Armengol sacará del mercado 53.000 hectáreas que en principio estaban calificadas como suelo urbanizable, aunque los ayuntamientos aún no hubieran aprobado sus correspondientes planes urbanísticos. El Govern deja la puerta abierta a que su impulsen las rehabiltaciones, pero veta nuevas urbanizaciones. Como resultado, habrá menos licencias y una menor oferta, lo que redundará en un aumento de los precios de las viviendas y una fuerte tensión especuladora.

El sector de la construcción en pleno ha salido a cuestionar el plan. Y es que, no sólo critican que se les haya marginado del debate -cuando de esta actividad dependen 60.000 familias de las Islas-, sino que consideran que el decretazo agravará el problema de la vivienda en Baleares, donde tampoco se está generando vivienda pública nueva. De hecho, hay más de 7.000 familias en la lista de espera de Ibavi y las entregas de llaves se producen con cuentagotas.

El nuevo decreto llega, por tanto, en un momento muy crítico para el mercado de la vivienda. Baleares registró un aumento de los precios en 2022 del orden del 14,5 por ciento y la tasa de esfuerzo para afrontar una compra es la mayor de toda España. Desde 2015 el precio de la vivienda en las islas se ha disparado un 68 por ciento y la población balear tiene que dedicar un 53 por ciento de su renta media a pagar la hipoteca. A su vez, las nuevas viviendas visadas el año pasado (2.292) fueron inferiores a las visadas en 2020 cuando el peor momento de la pandemia.

Con este panorama lo prudente sería acometer cualquier plan con el mayor consenso posible entre todos los agentes -comenzando por el propio sector- en lugar de acudir a recetas de fuerte contenido ideológico que pueden deparar un daño irremediable al ya tensionado mercado inmobiliario balear y agravar las expectativas de acceso a la vivienda que siguen teniendo miles de ciudadanos.

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