La anuncio hecho por Airbnb de su intención de retirar todos los anuncios de viviendas vacacionales sin licencia en Mallorca a partir de mediados del próximo mes de octubre constituye un avance importante en la lucha contra la oferta ilegal de alojamiento turístico.
Se trata de un paso en la buena dirección, fruto de la colaboración entre el Consell de Mallorca y una de las principales plataformas del sector. Sin embargo, este compromiso no puede quedar aislado ni limitado a un solo operador. La eficacia real de la medida dependerá de que todas las plataformas digitales, sin excepción, asuman la misma obligación de retirar los anuncios que carezcan de autorización administrativa.
La experiencia de Ibiza, donde la gravedad de la situación es mucho mayor y donde el Consell d’Eivissa se ha mostrado especialmente proactivo y exigente, demuestra que es posible alcanzar este objetivo. Allí, tras años de trabajo constante en materia inspectora y sancionadora, se ha logrado la completa desaparición de los anuncios ilegales en Airbnb. Esa perseverancia ha situado a la isla como referente en la regulación de un fenómeno que, si no se controla, impacta directamente en el mercado de la vivienda, en la convivencia vecinal y en la sostenibilidad del modelo turístico.
Mallorca debe aspirar a replicar y mejorar este resultado. Para ello, se requiere la implicación conjunta de las instituciones, las plataformas digitales y el sector turístico en su conjunto. La normativa ya establece claramente las condiciones para ejercer la actividad de alquiler vacacional. Lo que ahora se impone es garantizar su cumplimiento, con instrumentos tecnológicos adecuados, con un registro transparente y accesible, y con una acción inspectora eficaz que haga valer la legalidad.
La normativa ya establece claramente las condiciones para ejercer la actividad de alquiler vacacional. Lo que ahora se impone es garantizar su cumplimiento
Eliminar la oferta irregular no es solo una cuestión administrativa. Es una garantía de seguridad jurídica para los empresarios que cumplen con la normativa, una medida de protección para los residentes que ven limitado el acceso a la vivienda y, en última instancia, una condición necesaria para preservar la calidad y la reputación del destino.
Mallorca tiene ahora la oportunidad de consolidar un modelo en el que la legalidad y la sostenibilidad marquen la pauta. El anuncio de Airbnb debe ser entendido como un punto de partida, no como la meta. El reto consiste en que la supresión de los anuncios ilegales se extienda a todas las plataformas y se mantenga en el tiempo, en beneficio del interés general.
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