La sucesión de accidentes de tráfico con fallecidos acaecidos este verano en la carretera vieja de Llucmajor (Camí de sa Síquia o Camí de Can Capó), junto al polígono de Son Oms, no puede atribuirse a la fatalidad.
La extraordinaria concentración de siniestros en un tramo tan concreto de la red viaria de Mallorca obliga a una reflexión más amplia sobre las carreteras del Pla de Sant Jordi, que enlazan las localidades de s’Arenal, Es Pil·larí, s’Aranjassa, sa Casa Blanca. Son Gual y s’Hostalot.
Los vecinos —y quienes por trabajo se desplazan a diario— están condenados a circular por vías obsoletas: sin arcenes, sin aceras, sin iluminación adecuada, lo que las convierte en gravemente peligrosas sin luz solar, sin carriles bici y con un transporte público escaso, que los vecinos no consideran como una opción de movilidad.
El ejemplo más sangrante lo ofrece el polígono de Son Oms. Pese a su tamaño y a su cercanía al aeropuerto, carece de transporte público en su interior. La parada más próxima de la EMT se encuentra en la rotonda de la ITV, en mitad del campo, sin marquesina ni banco para sentarse a esperar. Desde la parada hasta el acceso al polígono, no hay ni un triste pase de peatones, ni por supuesto, aceras. Toda una aventura lamentable y peligrosa para la multitud de trabajadores y visitantes de un recinto industrial que, pese a su crecimiento, no ha sido objeto de atención por parte de las autoridades.
La vieja carretera de Llucmajor, la Ma-19A, necesita actuaciones urgentes por parte del Consell de Mallorca
La vieja carretera de Llucmajor, la Ma-19A, necesita actuaciones urgentes por parte del Consell de Mallorca: iluminación en los cruces más transitados, mejora de la señalización vertical y horizontal, mantenimiento continuo del firme y, sobre todo, vigilancia reforzada por parte de la Guardia Civil de Tráfico, incluyendo parejas de motoristas y radares móviles.
Y el Pla de Sant Jordi requiere una modernización integral de su red viaria y del transporte público urbano, pues aunque a menudo se ignore, se trata casi en su totalidad del término municipal de Palma. Está en juego no una inversión en infraestructuras, sino la vida de los ciudadanos, obligados a ponerse en peligro al caminar por la calzada en vías altamente transitadas.
