La gestión del agua en Baleares es una de las prioridades de cualquier equipo de gobierno, desde el más modesto de los consistorios al Govern. Todo el celo e inversión que se lleven a cabo no son sólo necesarios, sino vitales. Por ello es notable la acción de la Dirección General de Recursos Hídricos de la Conselleria de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca que ha expedientado, en lo que va de legislatura, a tres campos de golf de Mallorca con sanciones que suman casi un millón de euros. Según los expedientes queda acreditado que en los tres casos se habrían llevado a cabo sondeos ilegales y que se extraía agua subterránea para regar los campos. Para hacerse una idea de la magnitud, en tan sólo uno de los campos se había habilitado una instalación capaz de extraer 720 metros cúbicos de agua al día.
Hace años que los campos de golf están en el punto de mira de las críticas de aquellos que denuncian el “turismo depredador” y poco sostenible desde el punto de vista medioambiental. Sólo la isla de Mallorca cuenta con más de 20 campos, frecuentados por residentes y turistas de alto poder adquisitivo. Constituyen una pieza clave en la tan ansiada desestacionalización y en la perenne búsqueda del “turismo de calidad”, lo que en ningún caso puede excusar las malas prácticas ahora detectadas por la Conselleria.
Una vez más la gestión de los recursos hidrícos (tanto en su uso como en su depuración posterior) está sobre la mesa. Sería fácil cargar las tintas contra los campos de golf, si bien ello no puede ocultar otros problemas tanto o más preocupantes. La directora general de Recursos Hídricos, Joana María Garau, ha reconocido este mismo año que el 26 por ciento del agua potable canalizada para consumo humano se pierde por fugas en las cañerías de conducción. Se pierde la misma cantidad de agua que la generada por las desaladoras. Tomemos como ejemplo dos municipios, Palma y Sa Pobla. En Palma se asume que al menos el 15 por ciento del agua que se extrae de los pantanos de Cúber y Gorg Blau se pierde debido al estado de las canalizaciones, muchas de ellas de más de 40 años de antigüedad. En Sa Pobla la pérdida de agua por fugas asciende al 50 por ciento.
Por otra parte nos encontramos con una red de depuración irregular en la que no todos los ayuntamientos han hecho los deberes. Se calcula que en Baleares quedan hasta 104 emisarios vertiendo aguas no siempre bien tratadas al mar. Los cierres de playas por vertidos fecales o de residuales no depuradas han marcado este mes de agosto en Palma.
Se impone un plan de gestión hídrica, de explotación y conservación de acuíferos, de mantenimiento exhaustivo y continuado de la red de canalización y de mejora y nueva construcción de depuradoras. Debe ser un plan transversal entre administraciones, comprometido, consensuado y de futuro. Esta es una cuestión en la que no puede bajarse la guardia, que exige el trabajo constante y que debería poner de acuerdo a nuestros políticos. Los gobiernos cambian cada cuatro años, pero no podemos vivir sin agua.