La semana pasada, el Parlament balear acordó algo que no tiene precedentes: atribuir dinero de los contribuyentes directamente a los partidos políticos que están representados en la Cámara. La cuestión es la siguiente: el espíritu de la Ley dice que los grupos que están representados en la Cámara reciban una compensación por sus gastos, como es el uso de fotocopiadoras, equipos diversos, traslados, etcétera. Se entiende que, aunque en la realidad esto sea una mentira, los diputados recaban la opinión de sus conciudadanos, que los visitan, que pulsan la calle y todo eso tiene un coste que se ha de sufragar. Así operan la mayor parte de los parlamentos del mundo que, previa presentación de justificantes, pagan estos gastos. Esto en Baleares se ha ido pervertiendo paulatinamente, de forma que ha pasado a ser bastante claro y trasparente que este dinero, 1,5 millones de euros anuales, era financiación para los partidos. Pero ahora, ya sin caretas, los partidos han decidido unánimemente cambiar el reglamento de la Cámara y hacer algo bastante escandaloso: aprobarse a sí mismos el destino descarado de este dinero, sin necesidad de aportar, como hasta ahora, facturas y justificantes. Dicho en otras palabras: el Parlament ha aprobado una subvención pura y dura a los partidos que sí están en la Cámara. Esto, de lo que sólo se quejan los partidos extraparlamentarios, es democráticamente muy grave por muchas razones: utilizan el dinero de los ciudadanos de forma torticera, para un fin que carece de toda vinculación con el bienestar general; lo hacen por la puerta de atrás, puesto que jamás se informó adecuadamente de esta decisión y nunca nadie en una campaña electoral nos propuso este modelo; se recorta la posibilidad de que partidos diferentes a los ya existentes puedan competir y, lo peor, atribuyendo el poder de gestión y administración de ese dinero a los equipos de los partidos (los fontaneros, como les llaman), se consolida el control interno de estas élites y se termina de ahogar cualquier disenso: callados hay para todos, díscolos y la dirección corta el grifo. Estamos ante una barbaridad democrática que sienta las bases para agravios y perversiones futuras del sistema. Yo no siento la menor simpatía por los partidos no parlamentarios que se han quejado de este acuerdo, pero eso no les lleva ni un ápice de razón ni resta desfachatez a esta medida que debería provocar el sonrojo de este Parlament. Simplemente no son demócratas.
