Es previsible que la «invasión» que ha sufrido el enclave español de Ceuta —y, en menor escala, el de Melilla— tenga consecuencias económicas para el Estado, la caja pública y el dinero de todos los españoles. La evidencia de los cientos de vídeos que circulan por las redes y distintas plataformas informativas pone de manifiesto que los Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (Guardia Civil, Policía Nacional y Policía Local), el Ejército de Tierra y los Regulares han ampliado su actividad en ambas zonas, lo que supondrá previsiblemente un mayor dispendio económico para las arcas públicas. A estas horas, transcurridos ya muchos días, numerosos ciudadanos españoles ya se preguntan quién paga todo esto.
No solo los honorarios ampliados de los hombres y mujeres de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, sino también los gastos sanitarios —los centros médicos no dan abasto—, los ocasionados por el trabajo de los forenses totalmente desbordados, las morgues en las que ya no cabe ni un cadáver más a la espera de las repatriaciones (si las hay) o inhumaciones, los euros destinados a la alimentación básica que se ha ido repartiendo entre los menores y no tan menores que se resisten a abandonar suelo español —labor en la que también se han implicado varias ONG o entidades como Cruz Roja, Luna Blanca, etc.—, los servicios de limpieza urbana, la instalación de duchas y baños en determinados puntos de Ceuta y tantas cosas casi innumerables que, evidentemente, tienen un coste económico y que por supuesto son necesarias.
A esto se suma la polémica entre las formaciones políticas de distinto color y el Gobierno central, en especial sobre el número de retornados o no retornados a Marruecos. También sobre la cifra de menores no acompañados que circulan erráticamente por Ceuta y Melilla, en sus calles, plazas y playas; una situación que afecta directamente a la población residente, cualquiera que sea su religión y estatus. Juan José Vivas, presidente de la ciudad autónoma, aseguraba este lunes que siguen sin retornar a Marruecos unas 11.000 personas, cantidad que el ministro del Interior, Grande-Marlaska, reduce a 2.000 de las 72.000 llegadas. Vivas pedía un «mando único» para dar vías de solución al conflicto y también un área en la que «confinar» a todos los que siguen en la ciudad autónoma.
A media tarde del pasado lunes se abría una nueva polémica, en este caso entre el Gobierno de Marruecos y el Gobierno de España. A las cinco de la tarde, el ministro marroquí de Justicia, Abdellatif Ouahbi, reclamaba «el retorno» a Marruecos de los menores marroquíes no acompañados que permanecen en territorio español. Ouahbi, en declaraciones al medio marroquí Hespress, «responsabilizó» —vaya cara la suya— a las autoridades españolas de la situación de los menores y aseguró que «Rabat reclamará su retorno por las vías legales y políticas». Es más, a través del mismo portal informativo, el ministro aseguraba que «Marruecos mantiene firme su compromiso de recuperar a todos sus menores, incluidos los que llegaron recientemente a Ceuta y los que permanecen en otros centros de acogida de España». Y uno piensa: «¿Todos? Vaya alivio para las arcas públicas españolas y para la sociedad en general».
Si las afirmaciones del ministro de Justicia de Marruecos se confirman de forma oficial y, por supuesto, si el monarca alauí Mohamed VI da su beneplácito al retorno de todos los menas radicados en España, los españoles nos ahorraremos un auténtico dineral: muchos euros de nuestro capital público que hoy están seriamente en peligro. Y lo comento porque los distintos grupos políticos en nuestro Parlament Balear han llegado a cifrar en la isla de Mallorca un coste próximo a los 7.400 euros por mena. Cantidades parecidas se manejan en la isla de Ibiza (9.600 €) o en Formentera (9.300 €). Ello supone, según los últimos datos de los que dispongo, 6,1 millones de euros al mes y unos 73 millones de euros anuales para las arcas públicas de Baleares. Casi nada. Evidentemente, estas cantidades incluyen a otros menas procedentes de regiones de África. Como contraste, los trabajadores tienen un SMI en Baleares de unos 1.221 euros (17.094 anuales en 14 pagas).
Mientras tanto, es sabido que la presidenta de Baleares, Marga Prohens, ha venido reclamando de forma reiterada «una mayor financiación» y la «limitación» en el reparto debido a la presión presupuestaria que supone la situación y la llegada constante de pateras a las costas de nuestro archipiélago, en especial a través de la denominada «vía argelina» —por cierto, usada también hace años por los contrabandistas, especialmente de tabaco, y en la actualidad para el tráfico de drogas—.
En Baleares, en lo que va de año, han llegado en patera a nuestras costas (que también son frontera de la Unión Europea) más de 4.000 migrantes, a los que se les da acogida en los CIES y otros centros en distintos puntos de las islas, prácticamente desbordados. A ellos se sumarían los que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y distintos responsables ministeriales quieren remitir desde Ceuta y Melilla a las islas y a otras comunidades autónomas. Uno se pregunta cuál es el límite de tal saturación humana y de los consiguientes costes económicos. Hasta dónde se puede llegar sin que el sistema colapse, porque estamos hablando de la supervivencia de seres humanos, sean de la religión o nacionalidad que sean. En la actualidad, las Islas Baleares acogen en sus centros a un total de 825 menas (a julio de 2026), habiéndose registrado un incremento considerable desde julio de 2024, fecha en la que se acogía a 306. Téngase en cuenta que la insularidad también encarece los costes de la red de acogida en relación con la media peninsular.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como no podía ser de otra manera, sigue sus vacaciones de verano en La Mareta a pesar de una de las crisis migratorias más graves que ha sufrido el país en los últimos años. Se limitó a una videoconferencia telemática con algunos ministros y responsables de áreas estatales, y al parecer tiene previsto comparecer en el Congreso de los Diputados a finales de agosto, cuando la tormenta puede haber amainado o incluso haberse embravecido. En Ceuta no están para consejos editoriales ni listas musicales de Spotify. El conflicto diplomático persiste entre España e Italia y se ha llamado a consultas al embajador italiano, cuando se debería haber llamado seriamente a consultas al embajador de Marruecos. En las cancillerías europeas están con los pelos de punta. En Ceuta y Melilla, los habitantes están que trinan.
A pesar de todo, la solidaridad humana también se ha hecho presente y muchos residentes ayudan como pueden a grupos de migrantes, especialmente a un numeroso grupo de chicas, unas 60, aunque la situación sigue desbordada a todos los niveles. El tema dará para mucho las próximas semanas. Tiempo al tiempo. Lo que está claro es que no podemos asumir toda la migración subsahariana, marroquí o africana en su conjunto. Aquí no cabemos todos, pese a quien le pese. Y esto no es xenofobia ni racismo, ni nada parecido. La realidad es la que es.
Lo escribo —transcribo esto último— porque mi artículo de la semana pasada levantó alguna ampolla y en un mensaje privado que me llegó por WhatsApp me aseguraban textualmente: «Aquest article és molt trist i propi de l’extrema dreta, com a cristià no el puc acceptar, la xenofòbia hi és molt present i et signifiques políticament massa de forma indigna per un comunicador». O sea, me calificaban de «comunicador indigno». Vaya…, vaya. Mientras, otros comunicantes aseguraban «respetar» el artículo pero «no compartirlo», algo que sí se puede asumir dentro de la normalidad en temas tan polémicos social y periodísticamente como los que vivimos estos días. La semana que viene, más, o mucho más.
