El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha levantado el secreto de sumario del caso Plus Ultra y ha acordado citar como investigado al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero el próximo 2 de junio a las 9 horas, como presunto líder de "una estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias" cuya finalidad era "la obtención de beneficios económicos mediante la intermediación y el ejercicio de influencias ante instancias públicas en favor de terceros, principalmente Plus Ultra".
Según el magistrado, esta trama utilizó sociedades instrumentales, documentación simulada y canales financieros opacos "para ejercer influencias ilícitas, ocultar el origen y destino de los fondos y obtener beneficios económicos en favor de terceros y del propio entramado".
85 PÁGINAS DE INDICIOS
A lo largo de 85 páginas, Calama detalla que la investigación ha permitido constatar la existencia de una red organizada liderada por Zapatero, quien "habría puesto sus contactos personales y su capacidad de acceso a altos cargos de la Administración al servicio de terceros interesados en obtener decisiones favorables". En la estructura, Julio Martínez Martínez actuaría como interlocutor directo con los clientes y receptor de instrucciones de Zapatero, mientras que su secretaria María Gertrudis Alcázar y Cristóbal Cano se encargarían de la gestión cotidiana.
El auto señala que los directivos de Plus Ultra articularon dos líneas de influencia para obtener el rescate de 53 millones de euros concedido por la SEPI: una a través del entonces ministro de Transportes José Luis Ábalos y otra a través de Zapatero. Aunque ambas operaron simultáneamente, fue la vía del expresidente la que adquirió "un papel predominante" y permitió a la aerolínea alcanzar sus objetivos.
INFORMACIÓN PRIVILEGIADA ANTES DE LA CONCESIÓN
El juez destaca que la capacidad de influencia de la red quedó patente en febrero de 2021, cuando dos de los investigados celebraron en un intercambio de mensajes la concesión de la ayuda a Plus Ultra antes de la decisión formal del Consejo Gestor y de su aprobación definitiva, que se produjo el 9 de marzo de ese año.
El auto detalla los flujos económicos presuntamente canalizados hacia el entorno de Zapatero. Según el magistrado, la sociedad Análisis Relevante habría remitido 490.780 euros a Zapatero y 239.755 euros a Whathefav SL, empresa cuyas administradoras y socias son sus hijas. Por su parte, Gate Center habría enviado 352.980 euros a Zapatero y 171.727 euros a Whathefav, mientras que sociedades del grupo Thinking Heads habrían remitido 681.318 euros a Zapatero y 12.297 euros a Whathefav.
UNA SOCIEDAD EN DUBAI
La estructura investigada se extiende más allá de España. Según el auto, siguiendo instrucciones de Zapatero se creó al menos una sociedad off-shore en Dubái —Landside Dubai Fzco—, íntegramente participada por la mercantil española Idella Consulenza Strategica. Esta última suscribió con Plus Ultra un contrato para cobrar el 1% del rescate (530.000 euros). La proximidad temporal entre dicho contrato, firmado el 19 de enero de 2021, y el inicio de gestiones para constituir Landside, el 26 de enero, apunta a que la sociedad en Dubái podría haberse creado para canalizar ese cobro evitando su trazabilidad en España.
El juez detalla también una segunda línea de influencia dirigida a intervenir ante el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) de Venezuela para asegurar la autorización de vuelos de Plus Ultra, aprovechando la posición de Julio Martínez Martínez sobre el presidente del organismo, el Mayor General Juan Manuel Teixeira Díaz. Calama considera ambas líneas de actuación como un único delito de tráfico de influencias por identidad de sujetos, homogeneidad típica y unidad de finalidad económica.
BLANQUEO DE CAPITALES
El patrón descrito, a juicio del magistrado, encaja también en las modalidades típicas del delito de blanqueo de capitales, al concurrir indicios de que los investigados habrían realizado "actos de ocultación, conversión o transmisión de bienes presuntamente ilícitos mediante una estructura societaria internacional diseñada para impedir su rastreo".
El juez acepta el registro de la oficina de Zapatero y de otras tres mercantiles, pero rechaza el registro de su domicilio particular, como había solicitado la Brigada Central de Investigación de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción. Calama argumenta que "la amplia difusión mediática y la notoriedad del procedimiento judicial en curso hacen razonablemente presumible que cualquier elemento incriminatorio eventualmente existente habría sido ya retirado, destruido o trasladado", lo que hace desproporcionada la medida. Añade que el registro de la oficina constituye "una alternativa menos intrusiva y plenamente eficaz" que excluye la necesidad del registro domiciliario.
