Tíbet es el nombre de la operación con la que se han llevado a cabo cuatro registros policiales simultáneos, practicados este martes, en busca de pruebas sobre una supuesta “trama organizada de ejercicio ilícito de influencias, estructuralmente organizada y liderada por José Luis Rodríguez Zapatero”.
La región autónoma china ha dado nombre al despliegue de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal, junto al Grupo Operativo de Intervenciones Técnicas, a instancias del juez de la Audiencia Nacional, José Luis Coloma, que ha citado en calidad de investigado a un expresidente del Gobierno, por primera vez en democracia. En un auto de 87 páginas, el magistrado -con fama de imparcial y garantista-, considera verosímil la comisión de los delitos de tráfico de influencias y blanqueo de capitales, aunque también atribuye a su entorno la integración en organización criminal y falsedad documental. El auto se publica dos días después de las elecciones andaluzas, en las que ZP mantuvo una participación activa y que, de haberse conocido antes, habría modificado el resultado de las urnas. Una decisión prudente del togado, aunque ha condicionado al electorado privándole de una información esencial para el ejercicio democrático informado.
El nuevo jarro de agua fría recibido por Ferraz y Moncloa, al inicio de un Consejo de ministros, era ya una espada de Damocles que pendía sobre la cabeza de Zapatero desde hace dos años, cuando la Fiscalía Anticorrupción española recibió dos suplicatorios de sus homónimos suizo y francés, para investigar su participación en actividades ilícitas de carácter trasnacional. Todo un terremoto en nuestro país, de intensidad y duración aún inciertas, pero con epicentro en Emiratos Árabes, China y Venezuela. El movimiento telúrico tiene su origen en la controvertida ayuda de 53 millones de euros, que el Gobierno presidido por Pedro Sánchez otorgó, en plena pandemia del SARS CoV 2, a la compañía aeronáutica Plus Ultra. Una empresa de origen español y capital venezolano, que disponía de una flota que llegó a ser de sólo un avión propio y que operaba principalmente vuelos de larga distancia que conectaban Madrid y Tenerife con Perú, Venezuela y Ecuador. El dinero, del que sólo se han devuelto los intereses, se transfirió a través de la SEPI, con cargo al Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, lo que supuso una gran polémica porque esta partida estaba diseñada para empresas que fueran solventes antes de la pandemia y estratégicas para la economía española
Los lazos de Zapatero y de Plus Ultra con el régimen de Maduro han sido de carácter empresarial y de intermediación política. Tanto así que siguen sin despejarse las contradicciones y sospechas que sobrevolaron el viaje secreto de Delcy Rodríguez a España el 20 de enero de 2020, a pesar de tener prohibida la entrada en espacio europeo. Esas horas que permaneció la presidenta encargada de Venezuela, junto al ministro José Luís Ábalos, coincidieron con las gestiones, reconocidas por la Compañía, para la cotización de cargamentos de oro procedentes de Venezuela con destino a Oriente Próximo, por lo que podría estar ligado el viaje a una operación de compraventa y entrega de 104 lingotes de oro, valorados en 68 millones de dólares.
Todo este galimatías especulativo no resta un ápice de respeto a la presunción de inocencia que le asiste al expresidente Zapatero y a la que tanto han recurrido todos sus allegados, a instancias del actual líder socialista. Una referencia justificada al artículo 24.2 de la Constitución Española, que sólo se suele evocar cuando el afectado comparte color, pero que siempre se olvida desde las filas adversas. Prejuzgar es habitual y condenar a la “pena del telediario”, los reproches permanentes (incluso cuando ya se ha sentenciado la inocencia), los insultos o las evocaciones prehistóricas, son parte del diario de sesiones en las Cortes y referencia habitual en los medios de comunicación. En cambio, investigadores de la Universidad de Barcelona, rastrearon de forma pormenorizada 3.743 casos de corrupción política que afectaban a cargos públicos a todos los niveles territoriales entre los años 2000 y 2020. Cerca de un tercio de los casos fue archivado por el juez durante la fase de instrucción y sólo un 35, 9% de las causas terminó en los juzgados, de las que un 44% terminaron con la absolución total
A la espera de conocer el resultado de las pesquisas practicadas u otras pruebas que se conozcan y el testimonio en la Sala del propio investigado, es importante recordar que no se juzgaría a Zapatero por las decisiones ejecutadas durante sus ocho años de mandato, buenas o malas pero legales; por lo que no se cuestionan sus políticas, sino la posible comisión de delitos. Es incomprensible que una organización que llegó para limpiar la corrupción, trate de ampararla o justificarla tras la excusa de una delirante persecución, en lugar de permitir que la justicia haga su trabajo y, mientras tanto, apliquen sus propios códigos internos o los argumentos que emplean con sus oponentes.
